El presidente del Partido Popular (PP), Jaime Martínez Llabrés, durante la rueda de prensa.

TW
20

El grupo municipal del PP denunciará a todos los regidores del Pacte del gobierno de Cort por prevaricación si, finalmente, aprueban el Plan General de Palma en dos fases tal y como está previsto, según anunció Jaime Martínez, candidato de la formación a la alcaldía. Martínez basó su amenaza en un informe elabora do por el catedrático de derecho público de la UIB y ex rector, Avel·lí Blasco, para la asociación de promotores. El experto, en el estudio, refleja sus dudas jurídicas sobre la aprobación por separado de la parte estructural del PGOU, que incluye la filosofía y las políticas urbanísticas a desarrollar, y la parte detallada del plan, que especifica lo que se puede hacer en cada solar del municipio.

Cabe recordar que, debido a la gran cantidad de alegaciones recibidas, la mayoría referidas al desarrollo detallado, esta parte está sufriendo retrasos en la tramitación. Como quiera que el objetivo del Pacte es aprobar «lo máximo posible» antes de que acabe la legislatura desde Urbanisme solo mandaron la parte estructural a la Comissió de Medi Ambient, cuyo visto bueno es indispensable para poder aprobarlo definitivamente en pleno y anunciaron que el resto ya se enviaría más adelante. Pero esta opción, según el informe realizado por el Blasco, «podría tener problemas legales ya que, según explicó el candidato de los populares «no se puede aprobar el marco urbanístico en el año 2023 con las especificaciones de la normativa del año 1998», fecha del anterior plan general, que estará vigente hasta que sea sustituido por el nuevo.

«Si, finalmente, aprueban solo una parte del PGOU provocaran inseguridad jurídica entre los profesionales y ciudadanía y el caos se instalará en el departamento de Urbanisme que tendría que ajustar los proyectos a dos normativas diferentes» señaló. Martínez anunció que su partido pedirá explicaciones en el próximo pleno y que advertirán al equipo de gobierno que si lo aprueban por partes llevarán el tema a los tribunales «si lo aprueban sabiendo que es ilegal estarán prevaricando» por lo que exigirán su retirada y su nueva redacción.