Concepció Gatell, Rogelia García y Catalina Clar. | Pere Bota

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La Associació de Gent Gran del Molinar vive un momento de tensión interna. Al menos 150 socios –de alrededor de 400 afiliados– han exigido la dimisión del actual presidente, después de una serie de controversias y tras expulsar, por escrito, a once de los miembros «de forma injustificada y con mentiras», han asegurado algunos afectados.

El origen de este cisma comenzó a finales del mes pasado, cuando la vicepresidenta –con más de diez años en el cargo–, Catalina Clar, vecina del Molinar, decidió dejar la junta «por diversos problemas» con el presidente desde hace años. Le siguieron la tesorera y dos vocales más.

Las socias y también afectadas Rogelia García y Concepción Gatell, que apoyaron esta decisión, convocaron el día 27 de junio a los socios para la despedida oficial de las cuatro representantes y proponer una nueva asamblea general, según explican, ante la negativa del presidente, «quien al principio se negó a aceptar la entrega de llaves».

Expulsión

Estas afectadas reconocen que no hicieron «bien en convocar una reunión sin pedir permiso al señor Obrador –el presidente–». Aun así, explican que ellas y otras siete personas recibieron una carta en la que la junta decidió iniciar un expediente sancionador contra estos socios por «falta muy grave en los hechos del domingo –día 27 de junio–», acusándoles de «vulnerar la normativa estatuaria» y «provocar daños materiales, insultos e impidiendo la convivencia en el club». Las afectadas entrevistadas insisten en que «el motivo de la expulsión es falsa» y que no está justificada.

Desde esa convocatoria, estas afectadas cuentan que «cada vez que entramos en el club llaman a la policía para echarnos. Consideramos que es una extorsión y una coacción por parte de la Policía Local hacia nosotras».

Asimismo, lamentan que desde las instituciones públicas «no hagan nada.» Añaden que no pueden «entrar en la asociación. Nos han denunciado y nos sentimos acosadas por la policía». Consideran que el presidente «no tiene pruebas para acusarnos y denunciarnos» y avanzan su intención de recurrirla. Por su parte, el presidente Miquel Obrador confiesa que el caso está en un proceso judicial pero no ha querido manifestarse al respecto.

Diversas socias han recogido hasta 150 firmas de los afiliados a este club de personas mayores para pedir la renuncia del presidente actual.