El Pacte estudia sacar a concurso la gestión de s’Escorxador

Actualmente el antiguo matadero municipal está gestionado por Mercasa, una empresa de la Administración del Estado que se dedica a gestionar mercados por toda España, que había mostrado su interés por continuar con la gestión en el futuro. Pero al parecer no está conforme con las condiciones que se le quieren imponer desde el área de Govern Interior, que dirige Alberto Jarabo, para renovar la concesión del espacio. Por tanto, si finalmente la negociación se rompe las opciones que tiene el Consistorio son dos, sacar a licitación la gestión de todo el espacio, por lo que el control del mismo sería privado, o licitar cada local por separado y que la gestión la lleve el propio Ajuntament. Esta última parece ser la opción más viable, y en este caso la gestión seguiría estando en manos públicas, ya que no hay que olvidar que Mercasa es una empresa pública.

Inquilinos

Así las cosas, el tiempo corre y el final de la concesión está a la vuelta de la esquina, con lo que sobrevuela la sombra negra de las galerías de la Plaça Major o el Mercat de Camp Redó, dos espacios cerrados y muertos tras caducar las concesiones de décadas sin que el Ajuntament les hubiera dado una solución, y a la espera desde entonces de que un nuevo proyecto les devuelva la vida.

El presidente de CineCiutat, Javier Pachón, uno de los inquilinos, reconoce que «estamos pendientes de saber quién es el nuevo gestor» pues el 31 de diciembre finalizan también los contratos de los alquileres de los negocios de este recinto.

«Por tanto, todos los inquilinos, cerca de una docena, tenemos que saber en los próximos meses quién es el nuevo gestor, sea temporal o sea fijo, para poder renovar nuestros contratos», explica Pachón.

Mercasa no atiende la petición de ayuda de los inquilinos de este espacio

Mercasa sigue sin atender la demanda de ayudas realizada por las empresas inquilinas de s’Escorxador, que hace unas semanas hicieron pública la carta conjunta que remitieron el 14 de abril a esta empresa pública en la que solicitaban, entre otras cosas, una condonación retroactiva del 50 % de los costes vinculados al alquiler y la comunidad a fin de evitar cierres e incertidumbre tras un año de pandemia que ha frenado en seco la actividad del espacio.