Cort aprobó este jueves en un pleno extraordinario el reparto de 17,8 millones de euros del superávit.

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El equipo de Gobierno del Ajuntament de Palma aprobó este jueves en un pleno extraordinario el reparto de 17,8 millones de euros del superávit del presupuesto de 2020 sin aceptar ninguna de las enmiendas presentadas por los partidos de la oposición, que, en bloque, exigían destinar todo este crédito extraordinario a reactivar la economía y apoyar a los sectores más afectados por la crisis causada por la pandemia.

El concejal de Hisenda, Adrián García, explicó que estos 17,8 millones componen un segundo paquete del remanente global de 37 millones de euros que se destinará a reforzar las áreas de Infraestructures, Seguretat Ciutadana, Justícia Social, Educació o Cultura. Recordó que hace unas semanas se aprobó un primer paquete de 11,3 millones para ayudas económicas urgentes y para reforzar a diversos sectores.

El concejal 'popular' Julio Martínez aseveró que este segundo paquete del remanente «no da respuesta a las necesidades de la crisis» y criticó que se han suspendido las reglas fiscales, permitiendo así que los municipios puedan hacer uso de los remanentes, «para gastos extraordinarios, no para gastos ordinarios que deberían estar en el presupuesto corriente» y cuya urgencia Martínez cuestionó.

El edil recordó que hace ya un año el partido propuso una bajada selectiva de impuestos a autónomos y pequeñas y medianas empresas «que se podía afrontar porque llevábamos años con remanentes producidos por la Ley Montoro». Ahora, dijo Martínez, «pasado un año, se demuestra que esa enmienda, que suponía un gesto de sensibilidad al que se negaron, hubiera sido buena».

Las tres enmiendas presentadas por el PP, por tanto, proponían el incremento del gasto en ayudas a autónomos y pymes, así como para mejorar las infraestructuras estratégicas turísticas como es el caso de la Plaça d'Espanya o de la Platja de Palma. También se reclamó un plan de choque para la aceleración de las licencias urbanísticas «que sería un revulsivo para el sector de la contratación». Por contra, se solicitaba suprimir partidas del mantenimiento de vías públicas, inversiones en fuentes urbanas, nueva sede del IMI, propaganda o suministros a Son Banya, entre otras muchas.

La portavoz del grupo municipal de Cs, Eva Pomar, criticó que se destine este dinero «a asumir gastos generales, como el pago de la luz, alquileres o el vestuario de la banda de música, ... cuando este remanente debía servir para no dejar a nadie atrás en esta crisis».

Entre las prioridades a las que se podía destinar el remante, Pomar lamentó que «se les han olvidado proyectos transformadores para esta ciudad y se han olvidado de los ciudadanos, autónomos y pequeños comerciantes que se están dejando la piel cada día». «Prometieron ayudas, pero estas ayudas son pocas y, además, llegan tarde y mal».

Las doce enmiendas presentadas por Cs proponían, por ejemplo, destinar tres millones de euros «para cambiar el rumbo de degradación de la Platja de Palma», 700.000 euros para lanzar un concurso para la adquisción de espacios en Pere Garau, 100.000 euros para la mejora de la Plaça d'Espanya, 50.000 para la plaza de la Reina, 100.000 para la plaza des Mercat u 86.000 euros para la Costa des Teatre. También se pedían 90.000 euros más para los bonos comerciales y 280.000 euros más para ayudas directas a comerciantes y restauración.

A cambio, se solicitaba reducir el gasto en cursos de catalán (a lo que se destinan 30.000 euros más), violencia de género o en «la propaganda que a bombo y platillo realizan para vender su programa electoral».

Desde Vox, Fulgencio Coll también propuso la reducción de partidas de cursos de catalán, propaganda o violencia de género para destinar este dinero a medidas para «la atención social de las personas más necesitadas, a autónomos y empresas , la reactivación económica, el fomento de la inversión privada o la contratación, como recomienda Europa». Insistió, asimismo, en que esta liberalización del superávit «debe atender una situación excepcional no para una barra libre de gastos».

García, anunció tras el debate que el Gobierno municipal no iba a aceptar ninguna de las enmiendas e insistió en que el reparto aprobado «sí responde a las necesidades de la crisis económica».