Imagen de la sede de la fachada de Emaya. | M. À. Cañellas

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El Juzgado de lo Social de Palma número tres ha condenado a Emaya a modificar el horario laboral de un trabajador para posibilitar la conciliación de su vida laboral y familiar. Ante esta sentencia no cabe recurso.

En concreto, el trabajador de la sección de Calidad Urbana había solicitado a la dirección de la citada empresa municipal retrasar una hora su entrada y su salida del trabajo cuando fue padre, en mayo de 2019, con la finalidad de no tener que dejar solo al bebé. Cabe precisar que su pareja también trabaja en Emaya; su horario es de 23:00 a 6:00 horas, mientras que el de él era de 6:00 a 13:00 horas. Por este motivo, solicitaba retrasar una hora su entrada al trabajo y, de este modo, dar tiempo a su pareja para que llegase hasta su casa para que pudiese quedar del bebé.

El trabajador solicitó primero el cambio verbalmente, pero al no recibir una respuesta positiva por parte del departamento de Recursos Humanos de la empresa, trasladó su problema al Sindicato Independiente de Trabajadores y Empleados de las Islas Baleares (SITEIB). Fernando Herrera, uno de los miembros de esta sección sindical, también se lo trasladó verbalmente a la empresa, que volvió a rechazar la decisión; la plantearon por escrito y con registro de entrada y la respuesta volvió a ser negativa.

Ante esta situación, recurrieron al TAMIB, pero Emaya tampoco cedió y el caso terminó en los tribunales, donde finalmente una juez dio la razón al operario, que realiza funciones de conductor de segunda.

Herrera denuncia que la dirección de la empresa ha aceptado la condena pero «ha castigado» al trabajador, ya que lo ha trasladado al Arenal, por lo que ahora tarde más tiempo en llegar a su casa en el centro de Palma, lugar en el que trabajaba antes. «Si contradices a la empresa te castiga, por lo que la gente no denuncia las irregularidades», lamenta.

Emaya tiene pendientes unos 70 pleitos con los trabajadores, según SITEIB

La dirección de Emaya tiene pendientes 70 pleitos con trabajadores de la empresa, según destaca el presidente del comité de empresa de la sección de Aguas, Tomás Guerrero. En este sentido, argumenta que la empresa se niega a atender a las demandas de los trabajadores, tanto cuando se lo piden directamente como cuando recurren al TAMIB.

Guerrero destaca que esto supone un coste muy importante para la empresa y asegura que cada año se gasta un millón de euros en la externalización de los servicios jurídicos.
Fernando Herrera, miembro de la sección sindical de SITEIB, añade que «con un millón de euros se pueden arreglar muchas máquinas» y prestar un mejor servicio a la ciudadanía.