«El desmantelamiento total del poblado chabolista de Son Banya será una realidad antes de que acabe el año 2021». Así de claro y rotundo se muestra Antoni Noguera, regidor de Cultura i Benestar Social.

Por ese motivo, desde su regiduría se está trabajando de forma intensa con varias líneas de actuación. Una de ellas es la de conceder un «incentivo» de unos 15.000 euros, que podría llegar hasta los 20.000 euros, para todas aquellas familias que de forma voluntaria decidan abandonar el poblado. Los implicados podrán elegir entre quedarse el dinero de la ‘subvención’ (ayuda) o acogerse a un alquiler social que el propio Ayuntamiento les facilitaría, en un principio, en viviendas ubicadas en la capital balear.

Para poder beneficiarse de estas ayudas es imprescindible que las familias gitanas cumplan una serie de requisitos. Estos son que la unidad familiar no disponga de otra vivienda, negocios o propiedades, que estén dispuestos a seguir un plan de inserción social supervisado en todo momento por personal del área de Benestar Social y que los niños estén escolarizados. Todo ello, al margen de que los implicados carezcan de ingresos u otros recursos.

El pasado mes de enero, en la Junta de Gobierno, ya se aprobó el proyecto técnico para la demolición de todas las viviendas que aún quedan en Son Banya. El mismo cuenta con un presupuesto de 917.000 euros que permitirán derribar las 85 infraviviendas que aún permanecen en el poblado y en las que residen 90 familias. Esta segunda fase del derribo del asentamiento se ha planificado de forma diferente pues, por una cuestión de seguridad de los trabajadores y por recomendación policial, el derribo no se realizará por viviendas sino por isletas, de las cuales quedan nueve, y cada una de ellas podrá demolerse en aproximadamente cinco días.

Noguera ha recordado que la primera fase comenzó en julio de 2018 y terminó en marzo de 2019. De las 42 órdenes de desalojo que había, se ejecutaron 31. Algunas familias que debían salir entonces aún permanecen en espera de una solución y en otros cinco casos se quedaron por cuestiones humanitarias (básicamente mujeres embarazadas y menores que no se podían acoger al programa de ayudas municipales). En esa primera fase salieron del poblado 117 personas 68 adultos y 49 menores.