La regidora Neus Truyol ha presentado en rueda de prensa la nueva comercializadora pública de energía renovable. | Mónica González

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Emaya propondrá al próximo pleno que el Ajuntament de Palma comience una nueva actividad económica municipal: la comercialización de energías renovables a través de esta empresa pública.

La presidenta de Emaya, Neus Truyol, presentó este jueves una propuesta que solo el primer año supondría un ahorro potencial para el Consistorio del 20% en la factura eléctrica, es decir un millón de euros, además de otros 50.000 € anuales de ahorro en los intermediarios actuales para la comercialización de la energía, básicamente Endesa.

En cuanto a Emaya, también durante el primer año supondría un ahorro de 110.000 € en la comercialización de la energía, que podría llegar a 140.000 € con la gasificación y electrificación de la flota de la empresa.

La regidora explicó que tanto el consistorio como el conjunto de todos los organismos públicos municipales «son grandes consumidores de energía, a la vez que potenciales productores, por tanto la posibilidad de tener un organismo propio municipal de comercialización de energía supondrá avanzar hace un modelo energético descentralizado, eficiente transparente y competitivo».

El marco legislativo de esta iniciativa, añadió, es la ley de cambio climático, aprobada recientemente en el Parlament, que reclama que todos los agentes, públicos y privados, sean agentes activos en el cambio energético «y las administraciones nos hemos de implicar de forma valiente y ser un ejemplo».

La regidora aseguró que esta nueva actividad, que cuenta con dos referentes en los ayuntamientos de Cádiz y Barcelona, «está avalada tanto económica como medioambientalmente, pues el Ajuntament de Palma es un gran consumidor de energía, lo que asegura un gran cliente, y también un gran productor potencial de energías renovables, pues ya cuenta con algunas instalaciones de energía renovables y tiene capacidad de crecimiento».

Por otro lado, dijo, «Emaya ya tiene una experiencia previa tanto en la gestión como en la producción energética, es el principal agente energético del Consistorio» y actualmente ya vende en el mercado parte del excedente de la energía renovable que produce y consume.

El proyecto, detalló Truyol, se desarrollará en tres fases. Durante los dos primeros años Emaya eliminaría las intermediación que tiene a la hora de comprar la energía que necesita. A partir del tercer año ya tendría consolidado el consumo propio e iniciaría la transición para que el ayuntamiento y demás organismos municipales pasen de la comercializadora actual a la propia municipal. Por último, en la tercera fase, a partir del quinto año, se comenzaría la actuación en los mercados y, por tanto, la venta de energía a terceros.

Los nuevos clientes que podría tener esta comercializadora deberán ser de interés social, por ejemplo personas o familias vulnerables, u otros entes públicos, es decir otras administraciones. Esta actividad a terceros legalmente establece que solo se podría comercializar el 20% del volumen total de la energía producida.

En el caso del interés social, la presidenta de Emaya concretó que deberá haber un cambio a nivel legislativo «pues actualmente la Ley del sector energético señala qué comercializadoras pueden ofrecer este bono social, por lo que no todas pueden ofrecerlo».

La tramitación de esta iniciativa requeriría el cambio en los estatutos de Emaya para incluir dentro de sus objetivos esta nueva actividad.