La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (c), en el Congreso. | Efe - FERNANDO VILLAR

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El Pleno del Congreso ha aprobado una proposición no de ley de Sumar para impulsar la reducción de la jornada laboral hasta las 38,5 horas este año sin pérdida de salario, con el único voto en contra de Vox y la abstención de PP y Junts. Se trata de la primera iniciativa sobre la reducción de jornada que la Cámara Baja ha debatido y votado después de que PSOE y Sumar lo incluyeran en su acuerdo de Gobierno.

En concreto, la propuesta aprobada insta al Gobierno a abrir «con carácter urgente» un proceso de diálogo social que culmine con la modificación del Estatuto de los Trabajadores, así como de las disposiciones pertinentes, para incorporar una reducción de la jornada laboral de aplicación progresiva, empezando por fijar un tope de 38,5 horas efectivas en 2024. Eso sí, la propuesta que se ha aprobado es la segunda iniciativa que Sumar registra en el Congreso por este asunto en poco más de dos meses.

La que se ha respaldado este jueves es menos exigente que la presentada en diciembre de 2023, cuando se instaba al Gobierno a acometer la reducción, sin apelar al diálogo social, y poniendo como tope 37,5 horas semanales, abriendo la puerta a un pacto con los agentes sociales para bajar hasta las 32 horas.

El respaldo del Congreso a la PNL coincide con las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales para digitalizar el registro horario, de forma que ya no pueda consignarse en papel, y para que la Inspección de Trabajo pueda tener acceso en remoto al mismo para garantizar que se cumple la reducción de la jornada laboral. En el texto de la proposición no de ley se recuerda que hace más de 104 años que no se acomete una reducción de la jornada laboral máxima por debajo de las ocho horas diarias y más de 40 años sin que se altere el umbral de las 40 horas semanales, a pesar de las «muy distintas condiciones económicas, laborales y sociales». Sumar opina que esta «congelación» de la duración de la jornada máxima sitúa a España «lejos de una aplicación correcta del artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos».

La formación de Yolanda Díaz apunta que son más de 10,5 millones de personas asalariadas del sector privado las que tienen una jornada habitual por encima de las 37,5 horas de promedio a la semana. Los motivos que justifican la reducción de jornada, según el grupo confederal, pasan por un reparto igualitario de las tareas de cuidado, una mayor conciliación entre la vida laboral y personal, una disminución de la exposición a los riesgos laborales, mejores condiciones de salud física y mental, un impacto ambiental positivo y más tiempo que podrá ser destinado a la formación, el ocio o la participación social.