Representantes de las familias de presos que hicieron la carretera entre Igal, Vidángoz y Roncal. | Redacción Digital

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Doce familiares de presos republicanos han presentado ante el Juzgado de Aoiz la primera querella por trabajo esclavo durante el régimen franquista para que «lo que el derecho internacional reconoce como un crimen contra la humanidad, sea también reconocido por la Justicia del Estado Español». Así lo han anunciado en una rueda de prensa ofrecida en Pamplona por el portavoz de los querellantes e hijo de uno de los presos, Balen Esteban, el portavoz de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), Sabino Cuadra, la representante de la asociación Memoriaren Bideak, Ana Barrena, y el abogado Jacinto Lara.

Se trata de familias de presos que hicieron la carretera entre Igal, Vidángoz y Roncal, y la presentan motivados por la necesidad de «proclamar en voz alta la dignidad de todos aquellos a los que quisieron someter» y que ahora presentan la querella contra los responsables de la estructura militar franquista. Los trabajos forzados a los que se refieren los querellantes consistieron en la apertura de una carretera de montaña entre los valles pirenaicos de Roncal y Salazar, en la provincia de Navarra, uniendo las localidades de Roncal, Vidángoz e Igal, a través de 17 kilómetros. Esta carretera fue abierta por más de 2.300 prisioneros entre julio de 1939 y junio de 1941.

La obra estaba integrada en la fortificación del Pirineo que la dictadura franquista puso en marcha al terminar la guerra. En Navarra, en total, «unos 15.000 prisioneros y soldados de reemplazo construyeron distintos tipos de búnkeres y fortificaciones y abrieron cuatro carreteras de montaña». Según ha explicado la representante de Memoriaren Bideak, las condiciones de vida estuvieron marcadas por la mala alimentación, la dureza del trabajo y hacinamiento en edificios abandonados, tiendas de campaña y barracones de madera con temperaturas extremas. «Además, el régimen disciplinario incluía agresiones físicas, palizas, trabajo adicional y la posibilidad de ejecuciones inmediatas», ha añadido Ana Barrena.

«Se tiene constancia del asesinato de tres prisioneros acusados de intento de fuga, de la muerte de otros 9 en el Hospital Militar Disciplinario de Pamplona, como consecuencia de diferentes enfermedades o accidentes y de una muerte más en circunstancias no aclaradas», ha apuntado. Los familiares piden respeto y reconocimiento, que se establezca la verdad, «también la verdad judicial». «Nuestra sociedad tiene una deuda pendiente con estos presos y con los valores democráticos que dice defender. No es admisible que continúe la impunidad actual. Las hijas, hijos y familiares pretendemos y ya es hora, verdad, justicia y reparación, para que estos crímenes de lesa humanidad no puedan volver a repetirse». Dificultad para hablar del tema El portavoz de los familiares ha explicado que a su padre no le gustaba hablar sobre lo ocurrido durante esos años y que, la historia, la ha descubierto «prácticamente después».

«No hablaban mucho del pasado, era demasiado doloroso, tampoco nos hablaron de odio, pero si nos educaron en la defensa de la libertad, de la justicia, de la igualdad y del derecho de las personas y de los pueblos a decidir su futuro. Nos explicaron día a día con su ejemplo lo que significa esa palabra, dignidad, porque vivieron y lucharon por ella», ha contado Balen Esteban.

Con el objetivo de avanzar en la recuperación de la memoria, el colectivo Memoriaren Bideak empezó a realizar en 2004 homenajes a quienes trabajaron en esa carretera, colocando un monolito en el alto de Igal-Vidángoz. El complejo recorrido jurídico de la querella El abogado Jacinto Lara ha reconocido que el primer paso es que el Juzgado de Aoiz la admita a trámite y que será entonces cuando se comience a investigar de cuantos cargos franquistas se está hablando: «Tenemos algunos identificados, pero es uno de los puntos a investigar». «El recorrido de la querella es incierto y la experiencia nos hace ser prudentes. Esperemos que se admita a trámite porque aquí no se trata solo de un asunto judicial, sino también político, en el que el Estado Español siempre ha tratado este asunto de la misma manera», ha añadido.