Satse elabora un proyecto de ley con más de 50 medidas para hacer frente a las agresiones contra sanitarios

| Palma |

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Una vez registrado un caso de agresión, desde Satse se propone la implementación de un servicio específico encargado de prestar apoyo psicológico a la víctima.

Una vez registrado un caso de agresión, desde Satse se propone la implementación de un servicio específico encargado de prestar apoyo psicológico a la víctima.

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha elaborado un proyecto de ley estatal que contempla más de 50 medidas y actuaciones concretas para hacer frente «de manera conjunta, coordinada y eficaz», según señalan desde la organización, a la violencia física y verbal que siguen sufriendo todos los profesionales sanitarios.

Así, Satse subraya que el grave problema de la violencia en el ámbito sanitario, que afecta a ocho de cada diez enfermeros, sigue muy presente en los difíciles momentos actuales por la pandemia de la Covid-19, registrándose de manera frecuente nuevos episodios de agresiones verbales, como insultos o amenazas, y también de carácter físico, como empujones, puñetazos o golpes.

Ante esta realidad, y después de constatar que las diferentes administraciones sanitarias competentes siguen actuando frente a este problema de manera «descoordinada e ineficaz», tal y como afirman desde la organización sindical, Satse reitera la necesidad de contar con una norma a nivel estatal que obligue a todas ellas a priorizar «la lucha contra esta lacra que afecta a la integridad física y emocional de las personas que se dedican con todo su esfuerzo y compromiso a atender y cuidar a otras», apuntan.

Según los últimos datos aportados por el Ministerio de Sanidad, cerca de 3.000 enfermeras y enfermeros denunciaron haber sido agredidos en 2018, lo que constituye para el Sindicato una parte muy pequeña de los casos registrados, ya que «muchos profesionales no dan el paso de denunciar lo sucedido», informan.

Con el objetivo de que no se llegue a producir ninguna agresión a un profesional sanitario, Satse propone, entre otras medidas de carácter estructural, el generalizar los sistemas de videovigilancia durante las 24 horas en los pasillos y en las salas de espera y de admisión de los centros sanitarios, así como los dispositivos sonoros de alarma en las consultas, y que la iluminación sea óptima en cualquier estancia del centro.

Entre las medidas de carácter activo, la organización sindical apunta la inclusión en la historia clínica del paciente de sus antecedentes como sujeto activo de violencia sanitaria, si es el caso, y, entre las de carácter organizativo, reducir los tiempos de espera, garantizar una ratio adecuada y segura de pacientes por enfermera e implantar un sistema de organización debidamente protocolizado para pacientes y familiares.

Asimismo, el sindicato defiende que las enfermeras y enfermeros atiendan, con las medidas de seguridad pertinentes, a aquellos pacientes con antecedentes por un acto de violencia y que sean acompañados por las fuerzas de seguridad si tienen que prestar asistencia en los domicilios de pacientes condenados por cometer este tipo de actos.

CREACIÓN DE LA FIGURA DEL DELEGADO DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA

Por otro lado, la organización sindical apuesta por la creación de la figura del delegado de prevención contra la violencia en el ámbito sanitario, que formaría parte del Comité de Seguridad y Salud del centro y que se encargaría de vigilar el cumplimiento de las medidas puestas en marcha, así como de demandarlas si no se estuviesen desarrollando de manera adecuada.

Una vez registrado un caso de agresión, desde Satse se propone, entre otras medidas, la implementación de un servicio específico encargado de prestar apoyo psicológico a la víctima, así como poner a disposición del enfermero o enfermera un servicio encargado de tramitar directamente con el Ministerio Fiscal la denuncia que pudiera presentar.

Por último, en el ámbito de la administración pública, Satse aboga por que el servicio autonómico de salud correspondiente se persone como acusación particular en las causas penales abiertas, y que la víctima de un caso probado de violencia sanitaria pueda solicitar el traslado a una plaza o puesto en distinto centro, servicio o unidad.

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