La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, llegando a la Audiencia Provincial de Madrid durante una de las jornadas del juicio. | Efe

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La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a la expresidenta regional Cristina Cifuentes del delito de falsedad documental del que había sido acusada por la Fiscalía de Madrid por inducir la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) del curso de postgrado que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) en 2012, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Acompañada por su hijo, Cifuentes ha acudido esta mañana a la sede judicial de la calle Santiago Compostela para conocer la sentencia, que ha sido notificada a las 12.00 horas a los abogados de las partes y a las propias acusadas.

La fiscal Pilar Santos solicitó en el juicio una condena tres años y tres meses de cárcel para la exlíder madrileña al quedar acreditado que indujo la falsedad del documento objeto del juicio, dado que la exdirigente popular era «la única, la primera y la última beneficiaria» de esa falsificación.

También pidió la misma pena para Feito, mientras reclamó 21 meses para Rosado y de forma subsidiaria que se apreciaran las atenuantes de confesión y miedo insuperable por las presiones que habría recibido del director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, fallecido en abril de 2019.

Cifuentes afirmó durante su declaración que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el TFM sin exponerlo ante el tribunal, algo que también hicieron otros alumnos.

«Actué de buena fe», afirmó en relación al acta que mostró a los medios el día que estalló la polémica, el 21 de marzo de 2018, al desconocer que contaba con firmas falsificadas, un hecho del que responsabilizó a la propia universidad.

Cifuentes dimitió el 25 de abril de ese año después de que a esta polémica se sumara la difusión de un vídeo en el que aparecía supuestamente robando unas cremas.

En su declaración, la profesora Cecilia Rosado reconoció que falseó el acta a instancias de «presiones» de Enrique Álvarez Conde y Feito, manifestando que Conde la llamó más de veinte veces el día que saltó la polémica mientras que Feito lo hizo unas quince veces.

El abogado defensor José Antonio Choclán reclamó la absolución de su patrocinada, defendiendo al final de la vista que la acusación de la fiscal fue «puramente selectiva» y «arbitraria» al no ser «objetiva por ir en contra de los propios actos de la Fiscalía en la instrucción y de los tribunales de Justicia».

Choclán aludía a las «irregularidades» detectadas en una pieza separada en «todos los alumnos investigados», un hecho que quedó patente en la vista oral y que en la instrucción se archivó. «Todo se cocinó en la universidad», manifestó.

El tribunal, presidido por Luis Carlos Pelluz, condena a Teresa Feito como autora responsable de un delito de falsedad en documento oficial a tres años de cárcel, inhabilitación durante dos años para ejercer cargo público y multa de 1.800 euros -inferior a la solicitada por la Fiscalía-.

Lo hace porque queda probada su «actuación relevante, tanto en la necesidad de crear el acta, a sabiendas de que esta no existía, como la presión ejercida sobre Cecilia Rosado» para que la confeccionara, llamándola quince veces en una tarde.

Precisa que Feito estuvo en la reunión del 21 de marzo de 2018 en el Rectorado de la URJC en la que se preparó la rueda de prensa de la universidad sobre las informaciones sobre el máster de Cifuentes, y ella matizó, a pesar de las creencias de otros profesores, que la entonces presidenta había defendido su TFM el 2 de julio de 2012.

El tribunal condena a Cecilia Rosado a un año y seis mes de cárcel por falsedad en documento oficial, aunque con reconocido que que fabricó el acta del TFM de Cifuentes por presiones del catedrático Enrique Álvarez Conde y de Teresa Feito, temiendo por el desarrollo de su carrera.

También se la condena a estar inhabilitada para cargo público durante un año y a una multa de 450 euros.

La sala precisa que la situación de esta profesora, directora del máster, no era tan precaria en 2018 como en 2012, ya que en 2018, al saltar el escándalo, ya tenía un contrato fijo, a pesar de lo cual le reconoce el miedo insuperable.