Pandemia de coronavirus

El Gobierno prohíbe cortar agua, luz y gas durante un mes prorrogable

| Madrid |

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c) preside la reunión del Consejo de Ministros en el palacio de la Moncloa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c) preside la reunión del Consejo de Ministros en el palacio de la Moncloa.

Jose Maria Cuadrado Jimenez

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley de medidas urgentes contra la pandemia de coronavirus que prohíbe durante un mes, prorrogable, cortar los suministros de electricidad, agua y gas natural a los consumidores vulnerables, los vulnerables severos o los que están en riesgo de exclusión social.

El Ministerio para la Transición Ecológica, competente en materia de energía, ya está en contacto con las compañías suministradoras de estos servicios para hacer efectiva la medida.

La norma también prorroga la vigencia del bono social eléctrico que deben renovarlo en estos meses, que tendrán tiempo de hacerlo hasta el próximo 15 de septiembre, y ademas, suspende la revisión de los precios de los precios máximos de venta al público de los gases licuados del petróleo envasados, como la bombona de butano, y la tarifa de último recurso (TUR) de gas natural para evitar que suban en estos momentos.

La revisión de esta tarifa regulada, así como la del precio del butano, la hace el Ministerio para la Transición Ecológica.

En el caso de la bombona de butano, la actualización de su precio debía publicarse este martes, tercer martes del mes, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), mientras que la de la TUR debía ser revisada para el segundo trimestre del año y publicarse a finales de este mes para que entrara en vigor el 1 de abril.

Los precios actuales de la bombona de butano y de la tarifa regulada de gas mantendrán sus actuales precios durante los próximos seis meses.

El real decreto-ley imposibilita el corte de suministro de agua, electricidad y gas natural a los usuarios con condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social, figuras que están definidas en otro real decreto-ley de 2017 que define las características de este tipo de consumidores y el bono social eléctrico.

De hecho, con carácter general, tiene esta condición cualquier beneficiario del bono social eléctrico, un descuento de entre un 25 % y un 40 % en la factura eléctrica que se aplica a los consumidores vulnerables y consumidores vulnerables severos, respectivamente, que cumplan los requisitos establecidos.

Además, los beneficiarios del bono social eléctrico a 31 de diciembre cada ejercicio son perceptores automáticos del bono social térmico.

La vigencia de la prestación del bono social tiene una vigencia de dos años, tras los cuales hay que renovarla.

El real decreto-ley que ha aprobado este martes el Gobierno prorroga de forma automática el plazo de los bonos hasta el 15 de septiembre de 2020 para evitar que los que necesiten renovarlo dejen de percibir los descuentos y beneficios previstos.

A finales de febrero de 2020, 1.290.550 unidades familiares recibían el bono social en España y el colectivo de pensionistas con pensiones mínimas suponía aproximadamente el 13 % del total de beneficiarios.

El real decreto-ley también suspende la revisión de los precios máximos de venta al público, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, entre ellos, el de la bombona de butano, y de la TUR de gas natural.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha explicado que la medida se adopta en consideración del significativo porcentaje de consumidores socialmente vulnerables entre aquellos que se abastecen de gases licuados del petróleo envasado, principalmente la bombona de butano, y de que el colectivo de consumidores socialmente vulnerables con instalación doméstica de gas natural tiene la posibilidad de acogerse a la tarifa de último recurso o regulada.

La revisión de los precios del gases licuados del petróleo envasados se hace cada dos meses y el real decreto-ley la suspende para los siguientes tres bimestres, mientras que en el caso de la TUR es trimestral y su suspensión se aprueba por dos trimestres, con lo que no se actualizarán sus precios hasta al menos septiembre.

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