Los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. | s - Europa Press

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La sentencia de los ERE se ha dado a conocer este martes y condena al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán a seis años de prisión por malversación y 15 años de inhabilitación. El también expresidente de la Junta Manuel Chaves ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

La sentencia ha señalado que los expresidentes de la Junta eran en cada uno de los casos «plenamente conscientes de la palmaria y patente ilegalidad de los actos» en que participaron.

La Audiencia de Sevilla ha condenado a la exconsejera andaluza de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez a nueve años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación.

Al exconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías le imponen una pena de 10 años de inhabilitación para empleo en cargo público al ser considerado culpable de un delito continuado de prevaricación.

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La exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo ha sido condenada por la Audiencia de Sevilla a seis años y dos días de prisión y 15 de ihhabilitación absoluta por un delito continuado de malversación en concurso medial con uno de prevaricación.

La pena de Antonio Fernández, exconsejero de Empleo, es de 7 años, 11 meses y 1 día de cárcel por malversación y de 19 años, 6 meses y 1 día de inhabilitación para ocupar cualquier cargo público por prevaricación.

Para el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, quien fue el que en el año 2000 ideó el sistema de pago de los ERE en Andalucía, la pena es de siete años y un día de cárcel y de 18 años y un día de inhabilitación absoluta por los delitos de malversación y prevaricación.

El exconsejero de Innovación y expresidente de IFA-IDEA Francisco Vallejo ha sido condenado por la Audiencia de Sevilla a 8 años de cárcel y a 30 de inhabilitación por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

La Audiencia de Sevilla también ha condenado a ocho años de cárcel y a 20 de inhabilitación al exdirector general de Empleo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, por un delito continuado de malversación, y a diez años de inhabilitación por otro delito continuado de prevaricación.

El ex interventor general, Manuel Gómez, ha sido absuelto. Así lo recoge la sentencia del tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que tiene más de 1.700 folios.

Juan Carlos Alférez, abogado del ex director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Jacinto Cañete, ha asegurado que «sin duda, los condenados por el caso ERE van a recurrir» ante el Tribunal Supremo porque en un asunto de tal «complejidad» hay «motivos jurídicos para la interpretación de la absolución».

Griñán, que fue presidente de la Junta de Andalucía entre el 2009 y el 2013, fue «plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó» al conceder las subvenciones de los ERE a través de las transferencias de financiación, según explica el magistrado Juan Antonio Calle Peña en un resumen de la sentencia facilitado a la prensa.

El expresidente, que fue consejero de Economía y Hacienda entre el 2004 y el 2009 antes de relevar a Manuel Chaves en la Presidencia, asumió «la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31L fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados», añade el juez.

En los anteproyectos de presupuestos en los que Griñán participó como consejero, se incluyó el uso de la transferencia de financiación al ente público IFA-IDEA, de la Consejería de Trabajo, dentro del programa 31L para pagar subvenciones, como se decía en las memorias de los presupuestos, recoge el magistrado.

Por ello, Griñán aprobó que figuraran como ingresos las cantidades recibidas vía transferencia de financiación del programa 31L, y que se incluyeran dentro del apartado «otros gastos de explotación», para equilibrar las cuentas. «Y ello, a sabiendas de que el IFA-IDEA no tenía gasto alguno, ni realizaba actividad propia con esos ingresos, pues únicamente se limitaba a pagar», razona el ponente de la sentencia.

«La presupuestación de estos gastos ficticios evidencia que la Consejería de Economía y Hacienda conocía que las subvenciones no eran concedidas por IFA-IDEA, sino por la Consejería de Empleo, pues de lo contrario, no hubiese sido necesario haber presupuestado los citados gastos ficticios», concluye el magistrado.

En la sentencia del juicio de la conocida como pieza política del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) figuran como acusados hasta 21 ex altos cargos de la Administración autonómica andaluza.

A los ex altos cargos procesados, la Fiscalía les acusa de defraudar 855 millones de euros tras la supuesta creación de un sistema de ayudas públicas «totalmente opaco» al margen «de los ciudadanos» y de los controles establecidos por la Intervención General, un importe en principio destinado a la reactivación de empresas en crisis y ayudar a los trabajadores.

Este 'macrojuicio' quedó visto para sentencia el pasado mes de diciembre tras un año y cuatro días y 152 sesiones después en una causa compuesta por 14.276 folios divididos en 38 tomos y siete tomos de anexos, recogidos en ocho discos compactos, y con tres discos con las declaraciones prestadas en la causa durante la instrucción.

Los 21 ex altos cargos están acusados por un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación. Si bien, algunos de ellos sólo han sido enjuiciados por prevaricación, como Manuel Chaves, los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, el exviceconsejero José Salgueiro, el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río, y se enfrentaban a diez años de inhabilitación.

Por su parte, las solicitudes de pena iban desde los seis a los ocho años de prisión para los acusados de prevaricación y malversación. En este grupo se encuentran José Antonio Griñán, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el ex interventor general Manuel Gómez, el ex director general del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Jacinto Cañete, y la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina, que se enfrentaban todos ellos a seis años de prisión y a 30 de inhabilitación.

De otro lado, los acusados que se enfrentaban a una petición de ocho años de prisión eran los exconsejeros Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Antonio Fernández; los directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano y los ex secretarios generales técnicos Juan Francisco Sánchez y Javier Aguado.