La catástrofe medioambiental que provocó el accidente del petrolero Prestige ante la costa gallega con más de un millar de perjudicados cumple este miércoles 17 años y todavía continúa en los juzgados, pues aunque se determinó ya la responsabilidad todavía no han concluido las indemnizaciones.

La Audiencia de A Coruña cuantificó la responsabilidad civil por los daños causados por la marea negra del Prestige en 2.500 millones de euros, pero el fallo aún se está ejecutando y además la batalla judicial por las cantidades fijadas continúa en Londres, donde tiene su sede la aseguradora del buque.

El petrolero «Prestige», de pabellón de Bahamas y cargado con 77.000 toneladas de fuel pesado, registró una fractura del casco el 13 de noviembre de 2002 cuando navegaba cerca de la costa gallega y, tras ser alejado por decisión de las autoridades, se partió en dos y se hundió el 19 de noviembre, generando una marea negra sin precedentes que afectó a más de 1.700 kilómetros de litoral desde Portugal hasta Francia. Pese a la gravedad de este accidente, a día de hoy no hay avances determinantes sobre un protocolo claro a seguir en relación a los puertos refugio.

El hundimiento del Prestige en 2002 originó la mayor catástrofe medioambiental de España y supuso una causa judicial muy compleja y duradera, aunque considerada ejemplar, por las circunstancias que concurrían en este caso, como la bandera del barco, la compañía aseguradora o la nacionalidad del capitán.

Este caso comenzó su instrucción en 2003 en el Juzgado de Corcubión (A Coruña), tarea que se prolongó durante ocho años antes de pasar a la Audiencia Provincial coruñesa en 2011, aunque no fue hasta octubre de 2012 cuando se inició la vista oral.

El juicio quedó visto para sentencia después de ocho meses, 400 horas en 89 sesiones, y 204 declaraciones de testigos y peritos, y justo once años después del accidente, el 13 de noviembre de 2013, el tribunal dictó la sentencia en la que absolvió al exdirector general de la Marina Mercante José Luis López Sors, al jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y al capitán del barco, Apostolos Mangouras, de los delitos contra el medioambiente.

Solo condenó a este último a nueve meses de prisión por desobediencia y además eximió al Estado de sufragar los gastos por los daños originados por el vertido del petrolero, que perdía diariamente 125 toneladas de fuel por las grietas del casco.

En enero de 2016, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo revocó esta sentencia al condenar por unanimidad a dos años de prisión al capitán del barco por delito medioambiental.

Una vez determinada la responsabilidad por esta catástrofe medioambiental, la Audiencia de A Coruña cuantificó la responsabilidad civil por los daños causados por la marea negra del petrolero Prestige y, en marzo de este año, ordenó a los condenados el pago de 2.500 millones de euros.

La resolución estableció una cuantía «sin limitación» para el capitán del buque, el griego Apostolos Mangouras, como responsable civil principal, y para la propietaria del barco, Mare Shipping Inc., como responsable civil subsidiaria.

Para la aseguradora The London Steamship Owners Mutual Insurance Association (The London P&I CLUB) fijó un límite de 855.493.575 euros, descontada la cantidad de 22.777.986 euros consignada.

Por su parte, para el Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos 1992 marcó el límite en 27.986.264 euros, descontadas las sumas ya abonadas a los perjudicados y que ascienden a 120.738.452 euros.