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El Gobierno ha encontrado un resquicio legal para actualizar la financiación a las comunidades sin saltarse el dictamen de la Abogacía del Estado que le impide el pago de estas cantidades por estar en funciones, según la edición digital de El País.

Una vez se concrete, el Hacienda desbloqueará 4.500 millones a las administraciones autonómicas por la mejora de la recaudación del IRPF, el IVA y los impuestos especiales durante este año, algo que piden desde hace semanas.