El presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra. | David Zorrakino

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El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha apelado ante el juez a la libertad de expresión y se ha escudado en la falta de competencias de la Junta Electoral para ordenarle retirar los lazos, en una comparecencia que ha afrontado arropado por su Govern y por la cúpula política del independentismo.

Apenas 45 minutos ha durado la declaración de Torra ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Carlos Ramos, que le investiga por un delito de desobediencia a raíz de la querella de la Fiscalía que le acusa de desoír la orden de la Junta Electoral Central de quitar los lazos amarillos de los edificios públicos, símbolos que el president acabó retirando fuera de plazo, tras recurrir sin éxito al Tribunal Supremo.

En su comparecencia, Torra ha accedido a contestar las preguntas del fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, no así a las de la acusación popular ejercida por VOX, y lo ha hecho para cuestionar la orden que le dio la Junta Electoral Central de retirar los lazos en la campaña del 28A.

Para el presidente de la Generalitat, que ayer anunció que no acudiría al TSJC a defenderse, sino a «acusar al Estado español», la Junta Electoral Central carecía de competencias para obligarle a retirar los símbolos de apoyo a los políticos presos -según Torra era a la Provincial a la que correspondía hacerlo- y, además, la orden que dictó era imprecisa, han señalado fuentes jurídicas.

En la declaración, que según las mismas fuentes ha transcurrido con cordialidad, Torra ha invocado la libertad de expresión y los derechos humanos que a su parecer simbolizan los lazos amarillos, más allá de los partidos políticos.

Tras el interrogatorio, el expresidente catalán ha abandonado el Palacio de Justicia y, aclamado por las centenares de personas que se han concentrado ante el edificio en las movilizaciones convocadas por la ANC y Òmnium para apoyarle, se ha dirigido al Palau de la Generalitat para comparecer ante los medios.

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Desde la Galería Gótica del Palau, el presidente catalán ha elevado el tono de sus manifestaciones ante el juez y se ha proclamado víctima de una «maniobra política» para sentarle en el banquillo de los acusados, ante la que, ha dicho, no va a «desfallecer».

Tras recalcar que está dispuesto a pagar «el precio que sea necesario» por defender la libertad de expresión, Torra ha arremetido contra la Junta Electoral y le ha reprochado que actúe «con parcialidad manifiesta y clara intencionalidad política": en su opinión, se ha pasado «de la Fiscalía te lo afina a la Junta Electoral te lo afina».

«El que preside de la Generalitat no puede desfallecer nunca en la conquista de derechos y libertades, y si la democracia española no aguanta esa defensa, pagaré el precio que sea necesario», ha insistido Torra, que ha reivindicado que «no se puede obedecer una orden injusta e ilegal que conculque derechos fundamentales».

A su cita ante el juez, Torra ha acudido respaldado por el presidente del Parlament, Roger Torrent, los consellers de su Govern -con la excepción de la titular de Justicia, Ester Capella-, dirigentes de JxCat, ERC y la CUP, los líderes de la ANC, Òmnium, la ACM y la AMI y alcaldes soberanistas, en una imagen de unidad del independentismo frente a las ofensivas judiciales.

Lejos, eso sí, del baño de masas que se dio el expresidente catalán Artur Mas en 2015, cuando acudió a declarar como imputado por el 9N -y posteriormente a su juicio-, acompañado de 6.000 y 400 alcaldes con las varas alzadas, en una movilización que fue censurada por la sala de gobierno del TSJC por considerarla un ataque a la independencia judicial.

También a diferencia de Torra, Artur Mas y sus exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau -finalmente condenados a inhabilitación por organizar la consulta del 9N- se negaron a responder a las preguntas de la Fiscalía, tanto en su juicio como en su declaración previa como investigados.