El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro (2i), acompañado del secretario de Administraciones Públicas, Antonio Germán Beteta (d), posaa junto a la presidenta de las Illes Balears, Francina Armengol (2d), a la que le acompaña la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera (i). | Efe

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El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado este martes que sus planes contra el déficit no significan que las comunidades autónomas deban hacer más recortes y ha advertido de que, frente a dichos planes, que son la Ley, «va a cumplir todo el mundo».

Así se ha expresado el ministro en conferencia de prensa tras reunirse con la presidenta de Balears, Francina Armengol, y tras decir ésta, en declaraciones previas, que se niega a cumplir el planteamiento de Montoro contra el déficit, plasmado en una carta remitida la semana pasada al Gobierno de las islas.

«Esto no es voluntario», ha señalado el titular de Hacienda para recalcar después que cumplir su plan contra el exceso de déficit de 2015 resulta «obligatorio», básicamente porque es lo que impone la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

«Es la Ley, así que nadie puede decir que la aplicación de la Ley conmigo no va», ha insistido.

El Ministerio de Hacienda ha convocado a las comunidades autónomas el próximo viernes para debatir estos planes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuyo carácter será «deliberativo» y «no decisorio» por cuanto el Gobierno se halla en funciones y está inhabilitado para ello.

De cara a ese Consejo, algunos presidentes autonómicos, en especial los del PSOE más el president catalán, Carles Puigdemont, han barajado la posibilidad de formar alianzas o frentes contra las medidas que Montoro ha concretado en diferentes cartas enviadas a las consejerías de Hacienda de las comunidades.

Preguntado por ello, el ministro ha enmarcado dichos tanteos en un debate «periodístico», y ha subrayado la capacidad del Gobierno para celebrar un órgano institucional de relaciones entre las administraciones central y autonómicas como el Consejo de Política Fiscal.

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Montoro ha reconocido que la convocatoria sí obedece a la demanda de varias comunidades que trasladaron «la necesidad» de hacerlo, algo sobre lo que el Ejecutivo no tiene inconveniente porque se trata de contrastar puntos de vista.

Incluso ha afirmado que en ese debate sí se sabrá de lo que se hable, a diferencia de otras negociaciones políticas, en alusión a las reuniones entre partidos para intentar formar gobierno. «Somos más fieles que otras negociaciones», ha apostillado.

Más allá de esa confrontación sobre los planes de Montoro para adelgazar el déficit de 2015, el ministro ha dejado claro que hay que cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Ha asegurado que «ningún gobernante en ejercicio público puede decir que no va a cumplir la Ley», y ha puesto como ejemplo a algunos ayuntamientos que se formaron tras las elecciones locales de mayo del año pasado, que dijeron que no iban a pagar la deuda y al final la han pagado.

«Las declaraciones públicas» sobre no aplicación de las medidas coercitivas de la Ley de Estabilidad tendrían que ser «más cautas», ha sentenciado Montoro, para quien es «legítimo» que los gobiernos autonómicos expresen que les gusta «más o menos» sus planes, pero no que manifiesten que no acatan la Ley.

Así que la legislación se tiene que cumplir, ha avisado Montoro, y si no, el Gobierno está para garantizar que se cumpla.

Además, el ministro ha defendido las características de las medidas de la Ley y de la regla de gasto, ya que seguirlas permitirá a las administraciones territoriales «acercarse» al umbral de déficit fijado para este año, el 0,3 por ciento del PIB.

Y ha defendido «la cooperación económica» entre el Gobierno y las comunidades, pues es uno de los factores esenciales que ha propiciado la recuperación y la creación de empleo, algo en lo que todas las autonomías están comprometidas, a su juicio.