El ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato a su salida esta mañana de su despacho. La Fiscalía General del Estado tiene previsto estudiar la petición de la Fiscalía Anticorrupción de asumir la investigación abierta al exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar, por presunto fraude, blanqueo y alzamiento de bienes. | Javier Lizón

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La Fiscalía Anticorrupción investigará desde ahora al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por cinco delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes ante «la especial trascendencia social, mediática y jurídica de los hechos» que se le atribuyen.

Según el decreto que ha firmado la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, para otorgar la competencia de la investigación a la Fiscalía Especial, Rato se encuentra ya imputado en la Audiencia Nacional por el «caso Bankia» y la pieza de las tarjetas opacas, de las que «pueden derivarse responsabilidades pecuniarias que presuntamente dicho imputado habría intentado eludir».

Se refiere así a la fianza de 800 millones que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu impuso de manera solidaria el pasado 13 de febrero a BFA-Bankia, Rato y los exconsejeros Francisco Verdú, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella, y que el grupo terminó abonando en solitario.

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De hecho, el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, en el que recayó inicialmente la denuncia de la Fiscalía de Madrid, acaba de inhibirse a favor del juez Andreu, que ahora deberá decidir si es de su competencia.

El decreto, de tres folios, relata que Anticorrupción pidió el pasado 17 de abril la atribución de la competencia para hacerse con el caso, denunciado un día por la Fiscalía de Madrid, que atribuía a Rato cinco delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes, presuntamente cometido para evitar el pago de sus responsabilidades en el «caso Bankia».

Según Anticorrupción, los hechos investigados están comprendidos en el ámbito fijado en el artículo 19.4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, de acuerdo con los criterios de la circular 4/2006 de la Fiscalía General del Estado.

El decreto justifica la atribución de la competencia en la especial trascendencia social, mediática y jurídica de los hechos investigados.