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El Tribunal Supremo ha anulado el indulto que el Gobierno concedió a un conductor «kamikaze» condenado a 13 años de prisión por circular en sentido contrario en la AP-7, en Valencia, y causar la muerte de un joven en un accidente de tráfico.

En el avance de la resolución adoptada hoy, tras tres jornadas consecutivas de deliberaciones, el pleno de la sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal ha estimado el recurso interpuesto por la familia del fallecido contra el indulto, «anulando en consecuencia el mismo», según el Supremo.

La ejecución de la sentencia del alto tribunal, que se dará a conocer en los próximos días, queda en suspenso durante tres meses, al objeto de que el Gobierno pueda, en su caso, subsanar los defectos que han motivado el fallo del Pleno de la Sala Tercera, ha informado el alto tribunal.

El recurso contra el indulto, presentado por la familia de la víctima, es estudiado desde el martes a puerta cerrada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal, que se ha vuelto a reunir hoy para tratar este asunto.

En diciembre de 2012 el Gobierno indultó al conductor, que causó un accidente mortal en 2003 al circular en sentido contrario en la autopista AP-7 en Polinyà del Xúquer (Valencia) y que quedó en libertad tras pagar una multa de 4.000 euros.

La familia de José Alfredo Dolz, el joven que murió en el accidente, recurrió ante el Tribunal Supremo (TS) el indulto y señaló, en palabras de su abogado, que «el Gobierno tiene una oportunidad de rectificar» cuando deba pronunciarse el abogado del Estado a favor o en contra del recurso.

Aunque el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, defendió la medida, el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, señaló que «en el futuro habrá que estar más atentos» antes de acordar indultos como éste.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, se mostró disgustado por el indulto que, dijo, le llamaba la atención, mientras que el entonces presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pascual Sala, consideró que el sistema de concesión de indultos a condenados por parte del Gobierno debería «cambiar» o, «por lo menos», argumentarse y explicarse.