Son algunas de las críticas que se escucharon en un acto organizado contra la reforma local, que el Ejecutivo quiere que entre en vigor el próximo 1 de enero, en el que alcaldes del PSOE, IU, PNV, CiU, Coalición Canaria, La Chunta Aragonesista e ICV leyeron un manifiesto en el que piden al Gobierno que retire el proyecto si quiere evitar la intervención del Constitucional.
En esta línea, Gaspar Zarrías, responsable de Política Municipal del PSOE, advirtió de que prácticamente el 95 por ciento de los municipios dejará de prestar servicios y competencias que afectan «al día a día a los ciudadanos», y en este contexto de crisis -subrayó- los ayuntamientos tienen que ser la «punta de lanza» en la atención y no simples «espantajos» sin capacidad para nada.
Ciudadanos de dos clases
Lo que está en juego, según dijo, es la igualdad de los ciudadanos vivan donde vivan, pero la propuesta del Ejecutivo va por el camino de «hacer ciudadanos de primera y de segunda», en función del municipio en el que residan.
José Masa, alcalde de Rivas-Vaciamadrid (IU) y uno de los impulsores del manifiesto, también es de la opinión de que la reforma sólo persigue «eliminar» una serie de servicios y, precisamente, en esta época de crisis se hacen todavía más necesarios, señaló.
Una misma queja que puso de relieve el alcalde de Coalición Canaria de La Laguna (Tenerife), Fernando Clavijo, quien sostiene que con esta ley, el Gobierno quiere «criminalizar» a los alcaldes del déficit público, que será cero este año -recalcó- y del endeudamiento, que no alcanza al 1,5 por ciento, sin contar a Madrid y Barcelona.
Para el vicepresidente de Andalucía, Diego Valderas, lo que se pretende claramente es una «demolición» de lo local y una vuelta a un «escenario preconstitucional». El Gobierno, dijo, «ha negado el pan y la sal» a los ayuntamientos y no ha buscado el entendimiento con los entes afectados ni tampoco con otras fuerzas políticas.
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Hi ha aspectes del poder municipal que necessiten una reforma, com ara el nombre excessiu de municipis i, doncs, de regidors remunerats. Una manera d'oferir serveis rau en el fet d'alleugerir les depeses que representen equips municipals sobredimensionats.