La normativa incrementa las indemnizaciones por daños materiales a las personas que han sufrido un atentado, eleva el límite cuantitativo de las ayudas psicológicas y mejora la regulación de la atención educativa y psicopedagógica.
Por primera vez, según destacó el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los amenazados por los terroristas recibirán también estas ayudas y podrán hacerlo con carácter retroactivo, como consecuencia de amenazas sufridas desde enero de 1960.
De este modo, podrán recibir ayudas para facilitar el traslado de localidad, por abandono de vivienda, por gastos de escolarización, por tratamiento psicológico y para reinserción laboral.
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