Los accesos a Gibraltar han vuelto a colapsarse hasta formarse colas de dos horas por la intensificación de los controles policiales en la frontera, situación derivada del conflicto diplomático entre España y la colonia, y por la mayor afluencia de vehículos en fin de semana. Los accesos a Gibraltar mantendrán los controles el fin de semana y se prevén «largas esperas». | Efe

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El Gobierno ha prohibido el paso de camiones con piedras. Fuentes aduaneras aseguran que los controles, tanto de acceso como de salida del Peñón, serán «los de los últimos días». Esto, sumado a la masiva afluencia de turista que, cada verano y especialmente los fines de semana, acuden a la colonia «hacen prever que las esperas serán largas».

Sin embargo, lo que si ha cesado, en principio hasta el lunes, es el tránsito de camiones con arena y piedras por la frontera, así como la actividad pesquera en los caladeros habilitados por el gobierno español para que los marineros de la Bahía de Algeciras (Cádiz), puedan faenar mientras en el que rodea al Istmo, se mantienen los bloques de hormigón que arrojó al mar, hace ya un mes, el Gobierno de Fabián Picardo.

La Guardia Civil, además, investiga el posible lanzamiento de más bloques, en otros puntos de la Bahía, y los pescadores trabajan en la elaboración de la documentación requerida por el Gobierno de Mariano Rajoy para acceder a las ayudas económicas.

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Fiscalía

Por su parte, el departamento de Aduanas, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha decretado la prohibición del paso de camiones con piedra a Gibraltar. Las fuentes han explicado además que el departamento de Aduanas ha adoptado esta decisión tras recibir un escrito de la Fiscalía General del Estado a raíz de una denuncia de los armadores.

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, explicó que no se daría «un paso más» para prohibir que camiones con piedras pasen la frontera de Gibraltar hasta que no se respaldara por informes jurídicos que se pueda estar cometiendo un presunto delito medioambiental. Así, De Torre reiteró que el Gobierno está actuando «desde la legalidad».