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El exinterventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez dijo ayer en sede judicial que todo el Consejo de Gobierno andaluz tuvo que conocer las irregularidades que su departamento recogía en sus sucesivos informes –aludió a 15 con el paso de los años– sobre el sistema de pago de los ERE falsos, y que es «impensable» que no lo hiciera Griñán cuando fue consejero de Hacienda.

También la juez Mercedes Alaya, instructora de la causa, ha dado por sentado que el actual presidente de la Junta conocía los informes en los que le advertían de las irregularidades en el pago de las ayudas, en un interrogatorio que se extendió durante toda la jornada de ayer.

Los reparos de la Intervención «debían ser conocidos por todo el Consejo de Gobierno», declaró Gómez Martínez, quien ha citado hechos significativos como que en abril del 2003 el Gobierno de la Junta ordenó analizar los expedientes de las transferencias de financiación y en 2005 la Intervención informó de un desfase de 93 millones de euros que suponía un desequilibrio de todo el Presupuesto de la Junta.

Cuando en 2010 las llamadas transferencias de financiación para pagar las ayudas se sustituyeron por la encomienda de gestión el sistema no mejoró porque seguía sin tener fiscalización previa, ha añadido el imputado. En otro momento de su declaración, ha precisado que en 2009 «informó de que el 45 %de las transferencias de financiación tenían uso indebido».