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La acusación popular en el caso Bárcenas, que ejerce IU, ha pedido al juez Pablo Ruz que cite como testigos a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, a sus antecesores en ese cargo Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos, y al expresidente del Gobierno José María Aznar para que expliquen las donaciones recibidas por el partido desde 1989 hasta ahora.

Esta acusación popular -ejercida por IU, Asociación Libre de Abogados (ALA), Ecologistas en Acción, Federación Los Verdes y Justicia y Sociedad- ha hecho hoy esta solicitud en un escrito, al que ha tenido acceso Efe.

Para hacer estas peticiones, señalan que de las declaraciones prestadas en esta causa por testigos e imputados, entre el 20 y el 29 de mayo, «se infiere la existencia de un esquema delictivo que acreditaría, entre otros delitos, la existencia de una asociación ilícita en el seno del Partido Popular».

Según denuncian, esta asociación estaría integrada por «responsables del PP», entre ellos los extesoreros del partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, quienes «recibían de manos de los donantes, en efectivo, las cantidades que, a continuación, empleados del PP ingresaban personalmente, en las cuentas del Banco de Vitoria/Banesto».

«Bárcenas y Lapuerta -y quizás los entonces secretarios generales Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas- recibirían de los donantes, en mano, los fajos de billetes», añade el escrito, que destaca que no se trataba «de donaciones anónimas, por cuanto se conoce la identidad de quienes las efectuaban, sino de donaciones en las que el PP omitió consignar la persona del donante en su contabilidad».

Por ello, piden que se requiera al PP una «relación detallada de las personas que entregaron todas y cada una de las cantidades ingresadas en las cuentas corrientes de donaciones, efectuadas materialmente en los bancos por sus propios empleados», tal y como declaró el cajero del PP Luis Molero.

En este sentido, solicitan que se reclame al PP la identificación de los donantes que realizaron los ingresos efectuados entre 1992 y 2008, y que se cite como testigo a otro cajero del partido, Antonio Ortiz.

Como resultado de las declaraciones de testigos e imputados, entre ellas la del presidente del Senado, Pío García Escudero, quien admitió haber recibido del PP un préstamo de cinco millones de pesetas para reparar los daños de un atentado en su casa, piden que se incorpore su declaración de la Renta de 2000 «con el fin de verificar si declaró debidamente lo relativo al préstamo personal».

La misma petición que también hacen para el expresidente balear Jaume Matas, quien reconoció haber recibido una ayuda del PP cuando dejó el Gobierno para concurrir a las elecciones en Baleares, aunque en los apuntes de Bárcenas se hacía referencia al alquiler de un piso.

La declaración del exdiputado del PP Jaime Ignacio del Burgo les ha llevado también a pedir que declare Aznar como testigo porque según Del Burgo fue el expresidente del Gobierno quien autorizó pagar al exconsejero de Salud del Gobierno de Navarra Calixto Ayesa una compensación de casi cuatro millones de pesetas entre 1991 y 1992 por dejar su clínica dermatológica tras aceptar el cargo.

La acusación también quiere que se pregunte al PP acerca de la existencia de «retribuciones estandarizadas» complementarias de las que habló el diputado Eugenio Nasarre y «se entreguen a este Juzgado para su incorporación a esta causa, las normas internas (...) sobre percepción de honorarios, salarios, retribuciones, suplidos, compensaciones económicas o cualquier otro pago ordenado o permitido por la Dirección Nacional del Partido Popular».

Además, piden que testifique el patrono de la Fundación Humanismo y Democracia en esos años, José Ramón Pin, sobre su percepción de una entrega de 40.000 euros del PP que Nasarre también reconoció.

También quieren conocer la contabilidad íntegra del Partido Popular de Galicia de 1999, a la luz del testimonio del considerado número dos de Gürtel Pablo Crespo, quien dijo haber entregado 21 millones de pesetas a Lapuerta en 1999 para la devolución de un préstamo electoral del PP nacional al partido en Galicia, del que él era secretario de Organización.

Sobre las declaraciones que prestaron los empresarios imputados en la causa, la acusación pide al juez que requiera a la empresa OHL, presidida por Juan Miguel Villar Mir, su contabilidad y la de las empresas del grupo donde se reflejen las donaciones efectuadas desde 1992 hasta ahora.

Lo mismo reclaman para AZVI, Sacyr-Vallehermoso, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Rubau Construcciones y Sando.