1 de 2 | El ministro de Educación, José Ignacio Wert (2d); el presidente de la Generalitat, Artur Mas (i), y el presidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara (d), al comienzo del acto de entrega del LXI Premio Planeta de Novela celebrado hoy en Barcelona. | Albert Oliv

ACTO DE ENTREGA DEL LXI PREMIO PLANETA DE NOVELA

2 de 2 | El presidente de la Generalitat, Artur Mas, se dirige a la reunión del Consell Executiu, hoy en Barcelona, a pocas semanas del arranque de la campaña catalana y en pleno debate sobre la posibilidad de una consulta de autodeterminación. | Efe

REUNIÓN DEL GOBIERNO CATALÁN ANTES DE LAS ELECCIONES
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EfeMadrid15/10/12 0:00
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El Gobierno insistió ayer en que responderá con la ley si el Gobierno catalán de Artur Mas convoca «un referéndum ilegal». El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, concretó esta vez un poco más, señalando el «delito» del que se acusaría al convocante, el de «desobediencia», recogido en los artículos 410 y 411 del Código Penal y castigado con hasta tres años de inhabilitación para ejercer cargo público.

Mas, por su parte, anunció que si le «tumban» el referéndum trabajará para «internacionalizar el conflicto», desplegando su potencial político y propagandístico ante la UE y los «tribunales europeos».

«Si hay un acto ilegal por parte de una persona, no creo que haya que castigar a los ciudadanos catalanes. A quien habrá que exigir responsabilidades es a esa persona», afirmó por la mañana en la cadema televisiva La Sexta el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando le preguntaron si el Ejecutivo se plantea la opción de suspender la autonomía o alguna otra respuesta similar en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Suspensión

El ministro explicó que, si la Generalitat convoca un referéndum para el que no tiene competencias, el Gobierno pedirá al Tribunal Constitucional que suspenda esa convocatoria; y, si esa suspensión no se acatase, se produciría «un acto ilegal».

«Cualquier cargo público que actuase en contra de un mandamiento de un tribunal estaría cometiendo un delito», señaló.

No dijo Ruiz-Gallardón en ese momento qué delito sería ese, pero una portavoz de Justicia aclaró más tarde que se trata del de desobediencia, castigado con multa de tres a doce meses e inhabilitación de seis meses a dos años .

También la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, advirtió a la Generalitat de que el Gobierno utilizará «todos los instrumentos legales para impedir» la celebración de una consulta de autodeterminación.