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El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado que la Fiscalía no bajará la guardia en la lucha contra ETA y ha advertido a Sortu que será «guardián» de la legalidad y mantendrá «tolerancia cero» con los pupilos de la banda terrorista, al igual que con la corrupción económica.

«El Ministerio Fiscal no tolerará humillaciones a las víctimas del terrorismo, apología de sus verdugos o ensalzamiento de las actividades de las actividades de éstos», ha dicho hoy el fiscal general durante el discurso que ha pronunciado en el acto solemne de apertura del Año Judicial, que se celebra en el Tribunal Supremo presidido por el rey Juan Carlos.

Torres-Dulce ha advertido en este sentido de que tendrá «un nivel de tolerancia cero para con sus pupilos» porque es «la única respuesta» que se puede dar a ETA y ha destacado en referencia a Sortu que un «partido político no puede ser el caballo de Troya construido para traer la ruina y la devastación».

«Las conductas más activamente corrosivas de los fundamentos de nuestra convivencia son el terrorismo y la corrupción económica», ha dicho Torres-Dulce, recordando que el «padrinazgo» que ETA puede ejercer sobre ciertas organizaciones políticas debe corregirse con los instrumentos de la Ley de Partidos Políticos tan pronto revelen su naturaleza.

En este sentido, ha destacado que el Ministerio Público será «guardián inflexible» del cumplimiento de las condiciones impuestas por el Tribunal Constitucional para el mantenimiento en el ámbito de la legalidad de SORTU, y procurará que sus promotores no olviden que el ejercicio del derecho de asociación exige el respeto de los valores democráticos.

Sobre la corrupción, el fiscal general ha resaltado: «No podemos permitir que este fenómeno siga envenenando el funcionamiento de la economía de nuestro país, la integridad de las arcas públicas, la probidad de las relaciones comerciales y el cabal desempeño de las prerrogativas y funciones públicas».

Asimismo, ha señalado que los ciudadanos deben estar seguros de que el Ministerio Fiscal contempla la ley en la perspectiva del interés social, «que en estos momentos de crisis supone la mayor atención a las víctimas de los delitos y muy especialmente» los casos en los que económicamente haya fallado en sus finalidades el sistema financiero.

Durante su discurso, Torres-Dulce ha avanzado los datos de la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2011 que revelan una «estabilización» de la criminalidad en 2011, ya que sólo se registro una «discretísima» elevación del 0,07 por ciento de las causas abiertas por delitos.

No obstante, el fiscal ha alertado de una evolución al alza de determinados delitos como lesiones, puesta en riesgo de bienes jurídicos, contra la integridad física y moral o la libertad, seguridad e intimidad de las personas, particularmente «visible» en el aumento de asesinatos, robos con violencia y extorsiones.

Otro grupo de delitos que ha aumentado, según Torres-Dulce, gracias a la eficacia investigadora, han sido el cohecho, tráfico de influencias, prevaricación o malversación de caudales públicos.

Además, para el fiscal también es preocupante el panorama que presenta la aparición de nuevas tipologías como la trata de seres humanos con fines de explotación sexual o laboral o los atentados contra la indemnidad sexual de los niños, en ocasiones con empleo de de las nuevas tecnologías.

También ha aludido indirectamente a la reforma del Código Penal, anunciada por el Gobierno, al afirmar que la desazón que suscitan las estadísticas criminales «no debe embargar nuestro buen sentido a la hora de emprender cambios legislativos», pues -a su juicio- «no siempre el agravamiento punitivo es la respuesta adecuada».

De este modo, el fiscal ha defendido que «el Derecho Penal no soluciona los problemas, simplemente sale al paso de conflictos insolubles en otras instancias, mediante el empleo de la forma más extrema de coerción legítima -la pena-».
Torres-Dulce ha defendido también la autonomía y la imparcialidad del Ministerio Fiscal, así como su papel en el impulso transformador de la Administración de Justicia a través de las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Planta y Demarcación.