Bruselas suspende a España

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El comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, comparece ante los medios en la sede de la Comisión Europea, en Bruselas.

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, comparece ante los medios en la sede de la Comisión Europea, en Bruselas.

13-02-2012 | JULIEN WARNAND

La Comisión Europea suspendió ayer a España. El responsable de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, presentó ayer en la sede de Estrasburgo del Parlamento Europeo el primer informe de la CE sobre el mecanismo de alerta del nuevo procedimiento por desequilibrios macroeconómicos, en vigor desde el 13 de diciembre, que prevé sanciones para los países de la eurozona por incumplir los límites de déficit y deuda y registren graves distorsiones en el plano macroeconómico.

El informe señala que España y otros once países comunitarios requieren una investigación más profunda para determinar si registran desequilibrios potencialmente dañinos para su economía, la del conjunto de la UE y especialmente de la eurozona.

Seis de diez

Para esta primera radiografía de desequilibrios macroeconómicos la Comisión se ha basado en diez indicadores y España suspende en seis de ellos: la balanza por cuenta corriente, la posición neta de inversión internacional, la cuota de mercado de las exportaciones, la deuda pública, la deuda del sector privado y el desempleo. La Comisión Europea afirma que la economía española está actualmente atravesando un «periodo de ajuste», después de generar «grandes desequilibrios externos e internos durante la prolongada burbuja inmobiliaria y el 'boom' crediticio antes de la crisis».

Las conclusiones del informe serán analizadas por el Eurogrupo y el Ecofin de marzo, y después la Comisión elaborará las revisiones por países, que se presentarán en mayo o junio. Si Rehn concluye que los desequilibrios son graves puede recomendar al Consejo de Ministros la apertura de un Procedimiento por Desequilibrio Excesivo a un país.

En última instancia, la Comisión puede pedir un depósito generador de intereses que, en una segunda fase, puede convertirse en una multa de hasta el 0,1 % del PIB, lo que equivaldría en el caso de España a unos 1.000 millones de euros.

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