El comisario europeo de Trabajo, Asuntos Sociales y Empleo, László Andor, ha indicado que esta decisión se ha tomado por «una situación realmente específica en España. | Efe

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Ha recibido críticas de ser una norma xenófoba, que señala a los rumanos como culpables del paro entre los españoles, pero eso no ha impedido que la Comisión Europea haya dado luz verde a España para reintroducir la exigencia de que los ciudadanos rumanos que quieran trabajar en España dispongan de un permiso de trabajo. En todo caso, el Ejecutivo comunitario ha advertido de que estará «vigilante» para asegurarse de que no se trata de una medida «desproporcionada». Las asociaciones de rumanos en España han criticado que la nueva ley «tiene un carácter llamativo» y no se enfrenta al problema de la economía sumergida.

España podrá exigir a los rumanos que quieran entrar en territorio nacional un permiso de trabajo. En todo caso, no se verán afectados los ciudadanos de ese país que ya están en España trabajando, asalariados o por cuenta propia, o que estén inscritos en la oficina de empleo, ni tampoco sus familiares. Esta es la decisión que ha adoptado este jueves la Comisión Europea, a petición de España.

Al autorizar la medida española, el Ejecutivo comunitario ha justificado la decisión por «las graves alteraciones del mercado laboral español», pero en todo caso sólo estará en vigor hasta finales del año próximo. Además, ha aclarado que no podrá verse afectado ningún otro derecho comunitario que asiste a los ciudadanos rumanos.

El Gobierno español notificó al Ejecutivo comunitario el pasado 28 de julio su intención de reintroducir los permisos de trabajo para los ciudadanos de este Estado miembro. En un primer momento, Bruselas advirtió de que no se podían reintroducir restricciones a un país de la UE al que se le habían retirado anteriormente, pero admitió que existen salvaguardas para situaciones concretas.

El argumento que ha utilizado la Comisión Europea para aprobar la norma europea parece dar la razón a quienes opinan, como las asociaciones de rumanos, que la decisión del Ejecutivo español les señalará como causantes del paro. Así, el Ejecutivo comunitario ha acudido al «aumento continuado de residentes rumanos en España y su alto nivel de desempleo, que ha tenido un impacto en la capacidad de España para absorber nuevos flujos de trabajadores». Según Bruselas, «la caída sin precedentes del PIB español, que bajó un 3,9 por ciento entre 2008 y 2010, se ha traducido en la mayor tasa de paro en toda la Unión Europea», que Eurostat cifra en un 21 por ciento, frente a una media del 9,1 por ciento en la UE.

Según los datos que maneja el Ejecutivo comunitario, la población rumana en España aumentó de 388.000 residentes a 823.000 entre 2006 y 2010, y se trata de un colectivo «fuertemente afectado por el desempleo», con una tasa de paro del 30%. En total, 191.400 trabajadores rumanos en España quedaron en desempleo en el primer trimestre de 2011.

En su decisión, Bruselas ha valorado que España fue uno de los primeros países de la Unión Europea en abrir su mercado laboral a los rumanos. Tras la adhesión de este país y de Bulgaria al club comunitario en 2007, los Estados miembros acordaron una moratoria para aplazar hasta diciembre de 2013 su derecho a desplazarse y trabajar libremente por la UE. España decidió levantar esta restricción en 2009 para favorecer la llegada de mano de obra procedente de estos dos países, en un momento de gran demanda en España.

Por lo tanto, restringir el movimiento de los trabajadores supone una «derogación» de un derecho que ya les asiste y Bruselas ha decidido autorizarlo en un caso «excepcional» y «sólo de manera temporal».

VIGILANCIA «ESTRECHA»

Pero no queda ahí. Además, el Ejecutivo comunitario «vigilará estrechamente» la situación del mercado laboral en España para supervisar el impacto de la medida. Bruselas se reserva la posibilidad de modificar su decisión o revocarla «en cualquier momento», si lo cree conveniente. El Consejo podría bloquear el permiso a España si algún Estado miembro presenta reservas, algo que no ha sucedido hasta el momento.

En cambio, los representantes en España de los rumanos creen que la norma no tiene demasiado sentido. Esta es la opinión del presidente dela Federación de Asociaciones Rumanas en España (Fedrom), Miguel Fonda: «No va a cambiar la condición de los rumanos», advierte. En su opinión, la medida «tiene un carácter llamativo», pero no se enfrenta al verdadero problema: la economía sumergida. Para Fonda, «el problema es el mercado no regulado de la economía sumergida», y lo que tendría que hacer el Gobierno español es «establecer las condiciones» para que emerja esa economía 'en negro'.

Para explicar la situación, el comisario europeo de Empleo, László Andor, ha indicado en un comunicado que esta decisión se ha tomado por «una situación realmente específica en España» y ha expresado que, como principio, no está de acuerdo con que «restringir la libertad de movimiento de los trabajadores europeos sea una respuesta al alto desempleo». Andor ha pedido que las medidas contra el paro «se centren en crear nuevos empleos».

Para Andor, es muy positivo que «desde el principio, España haya tenido siempre una política muy abierta hacia los trabajadores de otros países», y ha explicado «entender» que la «dramática situación del empleo y el contexto financiero tan complejo» que se vive en España son «pruebas» que apoyan la petición del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.