Decenas de viajeros hacen cola para facturar en la Terminal 1 del aeropuerto de El Prat (Barcelona). | Andreu Dalmau

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El ministro de Fomento, José Blanco, acusaba ayer a los controladores de haber organizado las bajas por enfermedad para presionar en la negociación del nuevo convenio, mientras que desde AENA, su presidente, Juan Lema, hablaba de una situación de «huelga encubierta».

Blanco hizo hincapié en las palabras pronunciadas el martes por el presidente de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Camilo Cela, quien señaló que el problema se solucionaría con el nuevo convenio, para afirmar que eso demuestra que se está ante bajas organizadas y que parece que «la enfermedad tuviera que ver con el convenio».

Respecto a esas acusaciones de que las bajas son «concertadas», USCA recuerda al ministro que todas están dentro de la legalidad. El presidente de AENA, Juan Lema, dijo que los controladores parece estar sufriendo una «extraña enfermedad», y que si lo que llevan a cabo no es una huelga encubierta, «lo parece».

Tranquilos

Lema indicó que los viajeros deben estar tranquilos, ya que se están y se seguirán tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los vuelos, y añadió que si «es preciso cerrar una torre de control, la cerraremos». Sobre la posibilidad de que se utilicen controladores militares para solucionar los problemas que causan las bajas de los civiles, Blanco repitió ayer que considera que «ya están preparados». El ministro señaló que no sería «descabellado» crear una reserva especial de controladores aéreos. «Es una idea en la que también estamos trabajando para hacer frente a los desafíos que tenemos como país», apuntó.

Las palabras de Blanco contrastan con las opiniones de los representantes de los controladores militares, quienes han señalado en repetidas ocasiones que no se sienten «preparados» ni «capacitados» para dirigir el tráfico de aeropuertos con gran circulación. El secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Mariano Casado, señaló que considera que ésta no es la solución más adecuada, y que la fase de habilitación puede durar semanas o meses.

Francisco Vargas, médico de familia del Centro de Salud Guigou de Santa Cruz de Tenerife, aseguró que «los controladores están sometidos a una gran presión, gestionan muchos datos y la vida de muchas personas depende de ellos. Así que cualquier situación que le desestabilice es motivo de que no trabajen».