Francisco Caamaño, ministro de Justicia, recibe los aplausos. | Efe - Sergio Barrenechea

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El pleno del Congreso, con los votos del PSOE, CiU y ERC, aprobó ayer la reforma del Código Penal, que ahora se remite a l Senado y que endurece las penas para la corrupción, el terrorismo y los abusos sexuales, y que contó con el voto en contra del PNV y Nafarroa Bai y la abstención del PP, IU-ICV, BNG y el resto del Grupo Mixto.
El PP optó por abstenerse, ya que es un texto «insuficiente», con demasiados «huecos» y «sombras», y no incluye su propuesta de prisión perpetua revisable, no contempla la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo con secuestro o atentados que causen lesiones graves, y soluciona la reincidencia.
La reforma tipifica como delito el soborno entre particulares y prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que responderán cuando sean permisivas con conductas ilegales. Además, aumentan las penas para los cargos públicos condenados por corrupción, que tendrán siempre condenas de cárcel y no sólo de multa o inhabilitación, y para los delitos urbanísticos, castigando con hasta cuatro años de prisión las obras ilegales.
El proyecto establece medidas de control extraordinarias para terroristas y delincuentes sexuales, entre las que se incluye la libertad vigilada de hasta diez años revisable una vez cumplida la condena. La medida incluye el seguimiento telemático del delincuente y la prohibición de aproximarse a sus víctimas.
No prescriben
Además, se contempla la «imprescriptibilidad» de los asesinatos terroristas, y los pederastas y terroristas condenados a más de cinco años de cárcel no podrán acceder al tercer grado hasta cumplir la mitad de la condena.
Se endurecen las penas por abusos a menores, que llegarán a los quince años de prisión, y se introduce la posibilidad de privar de la patria potestad a los padres. También se tipifica como delito la captación de niños para espectáculos pornográficos.
La reforma suprime las penas de prisión para delitos de venta de material audiovisual ilegal -el 'top manta'- cuando el beneficio no supere los 400 euros, pero aumenta el castigo para okupas y grafiteros. Las ocupaciones violentas de bienes inmuebles podrán castigarse con prisión de uno a dos años, y se penará con localización permanente de dos a seis días o trabajos para la comunidad a quienes hagan pintadas.
En cuanto a los hurtos reiterados, los autores de pequeños robos -menos de 400 euros- reincidentes podrán ser condenados a penas de cárcel a cumplir durante el fin de semana.
Conducir por encima de la velocidad permitida en 60 k/h en vías urbanas o en 80 en interurbanas, o bajo los efectos de alcohol o drogas, se castigará con penas de prisión de tres a seis meses, con multa de seis a doce meses o con trabajos en beneficio de la comunidad.
La captación, adoctrinamiento, adiestramiento y financiación del terrorismo, la piratería marítima y aérea, el acoso laboral e inmobiliario, los sobornos y fraudes en el deporte, los ataques informáticos y el tráfico ilegal de órganos se consideran delito.