La Audiencia Nacional ordenó trasladar a España, en vez de a Kenia, a los piratas detenidos por participar en el secuestro del atunero Alakrana después de que el Gobierno comunicara su detención a este tribunal, al considerar que la competencia del caso corresponde a la Justicia española.
El presidente de la Audiencia Nacional, Àngel Juanes, quiso dejar claro ayer que este tribunal no tomó la iniciativa a la hora de decidir a dónde debían ser trasladados los piratas.
Según la Audiencia Nacional, el juez Baltasar Garzón «cumplió con la ley al ordenar su traslado para legalizar» la situación de los detenidos, después de la petición que le cursó la Fiscalía General del Estado, a partir de la denuncia del arresto presentada por la Abogacía del Estado.
«Ningún juez de la Audiencia Nacional ha reclamado para sí la competencia del caso, ni exigió que se presentara denuncia alguna», concluye el tribunal, de cuya decisión depende qué se va a hacer con los piratas.
A la explicación de la Audiencia Nacional se unió la del Gobierno, que aseguró que la detención de los dos piratas se asumió «por unanimidad» de todos los integrantes de la comisión de seguimiento del secuestro.
Este órgano está encabezado por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, e integrado por los ministros de Asuntos Exteriores, Miguel Àngel Moratinos; de Defensa, Carme Chacón; de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa; el director general del CNI, Félix Sanz Roldán; y el jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), José Julio Rodríguez.
Según el Gobierno, la decisión se tomó a la luz de los informes que poseía el Jemad. Sin embargo, se ignoró un informe confidencial elaborado por el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) que alertaba sobre los efectos perniciosos que la detención de los dos piratas podría tener sobre las negociaciones para liberar el Alakrana, según ha sabido la Cadena Ser. El documento clasificado desaconsejaba la operación aduciendo que los piratas podrían reaccionar elevando la tensión y por tanto perjudicar las negociaciones. El informe no descartaba que los piratas pudieran incluso tomar represalias contra la tripulación.
El Ejecutivo no dio pistas ayer sobre la vía legal por la que va a optar para resolver el problema, aunque la decisión judicial para que se pueda materializar está en manos de la Audiencia Nacional.
El juez de este tribunal Santiago Pedraz ha rechazado la petición del abogado de 'Abdu Willy' de retirar la imputación de asociación ilícita, a la que suma la de 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia y uso de armas porque considera que «no es el momento procesal oportuno».
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