La Abogacía dice que las grabaciones del sumario son 'ilegales'

El órgano que aglutina a todos los colegios de abogados españoles expresó ayer a través de un comunicado su «absoluto rechazo a la violación del secreto profesional en el marco del 'caso Gürtel', después de conocer que durante la primera fase de instrucción del caso -que realizó el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón-, se autorizó la grabación de conversaciones privadas entre presuntos implicados de la trama corrupta y varios de sus abogados.

El jueves, Choclán anunció que solicitará al órgano que actualmente investiga la trama, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) «la nulidad de las actuaciones» por las que considera «las escuchas ilegales» que se realizaron por orden del juez Baltasar Garzón en el locutorio de la cárcel de Soto del Real entre Correa y su letrado sin dictarse auto para su autorización.

El CGAE entiende que «es un gravísimo atentado contra el Estado de Derecho» y que estos procedimientos, que la ley reserva de forma claramente restrictiva para casos de terrorismo o en supuestos en los que el abogado pueda estar implicado, no pueden ser aplicados en cualquier circunstancia, ya que ponen en peligro el Derecho a la Defensa y suponen una ilegítima vulneración de derechos fundamentales.

Cambio de abogado
Las escuchas ordenadas por el juez Garzón se produjeron después de que el magistrado dictara un auto para autorizarlas cuando la defensa de Correa aún la llevaba Manuel Delgado Solís, presuntamente implicado en la causa, pero éste dejó su defensa a otro letrado, «pese a lo cual se realizaron sin anular el auto anterior ni emitir un nuevo auto que autorizase intervenir sus conversaciones»

El CGAE entiende que la grabación ha sido realizada «fuera de la legalidad vigente, que deberían haber cesado o haberse destruido al hacerse cargo de la defensa un nuevo letrado». En este caso, según la Abogacía, no sólo se han intervenido esas comunicaciones sin apoyo legal «sino que además se han divulgado a través de los medios de comunicación, sin que nadie haya actuado en defensa de los derechos fundamentales de las personas afectadas, causando un daño irreparable».