Los tres ex guardias civiles y asesores eventuales de Seguridad de la Consejería de interior salieron del Juzgado de Plaza Castilla negando los presuntos seguimientos al ex consejero Alfredo Prada sin la interposición de fianza o de otras medidas cautelares. La defensa sostuvo que el informe policial sobre pinchazos telefónicos se hizo con premura, por lo que «plagado de lagunas» y muestra falta de profesionalidad.
José Oreja, Antonio Coronado y José Luis Caro Vinagre, los tres ex guardias civiles y asesores eventuales de Seguridad de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, salieron de los juzgados de Plaza de Castilla sin que la jueza de Instrucción número 5 interpusiera fianza ni otras medidas cautelares. El abogado defensor, Enrique Molina, sostuvo que los asesores declararon que se limitaron a llevar a cabo su labor de control y supervisión de edificios y la relacionada con la seguridad de algunos cargos públicos de la Comunidad de Madrid, concretamente los relativos a la Presidencia, Vicepresidencia y determinadas consejerías.
Instrucciones
A una de la preguntas que hizo a los imputados durante la declaración sobre si recibían instrucciones de alguna persona con responsabilidad política, los tres contestaron que «nunca han recibido ninguna indicación o instrucción de nadie para realizar actos ajenos a su función», según el letrado. Las funciones legales que realizaban (supervisión de edificios y seguridad de determinados cargos de la Comunidad) partían de las órdenes de su superior, el director general de Seguridad, Sergio Gamón.
En cuanto al informe policial sobre la localización de los teléfonos móviles que venía a corroborar la existencia de los supuestos espionajes, Molina señaló que está «plagado de lagunas». «Nunca se ha hecho ningún seguimiento, nunca se ha hecho una vigilancia con fines de mirar cuáles son las costumbres íntimas de estas personas», indicó.
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