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La destrucción de empleo se moderó en el segundo trimestre del año, aunque el número de parados continúa superando la barrera de los cuatro millones y la tasa de desempleo afecta al 17,92% de la población activa, porcentaje con el que el Gobierno pretende cerrar el año.

Así, entre abril y junio 126.700 personas pasaron a engrosar la lista del paro -que ya suma 4.137.500 parados-, frente a los 802.800 del primer trimestre, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) difundida por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el segundo trimestre se han destruido 145.800 puestos de trabajo (el 0,76% menos que en el anterior) y 1.480.200 en un año (el 7,25% menos).

En los últimos doce meses, el número de hogares con todos sus miembros en paro se duplicó y se situó en 1.118.300, tras aumentar en 49.900 personas en el último trimestre.

El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, consideró que no habrá un cambio de tendencia hasta que no se genere empleo y dijo que en los próximos «dos o tres» trimestres tendrán que surgir actividades que generen empleo después de que se agote el Plan E.

Entre los factores que explican la moderación en el ajuste del mercado laboral, Campa señaló el descenso de la población activa, del 0,08%, entre abril y junio, en comparación con el primer trimestre, debido al menor dinamismo de la población activa extranjera y a la ralentización de la incorporación de la mujer al mercado laboral.

Por sectores, los servicios registran el mayor número de parados (1.465.600), mientras que en tasa interanual la mayor subida correspondió a la industria (115%).

Ante los datos «negativos» y «preocupantes» de la EPA, los sindicatos CCOO, UGT y USO coincidieron en que el Gobierno debe garantizar la cobertura a los desempleados que carecen de prestaciones, después de que, afirmaron, la actitud de la CEOE haya hecho fracasar el diálogo social.

Por su parte, la CEOE reiteró que este aumento del desempleo «confirma» la necesidad de reformar el mercado de trabajo y requiere «mayor austeridad de las Administraciones Públicas», tras criticar el «retraso» en los pagos de las CCAA y ayuntamientos a las empresas y el «aumento» de la morosidad.

Asimismo, las Cámaras de Comercio pidieron al Ejecutivo «medidas urgentes» para la creación de empresas y crear empleo.