La corrupción salpica al PSOE

Agentes de la de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional detuvieron a primera hora ayer al ex alcalde socialista de Lorca (Murcia) Miguel Navarro, relacionado con el 'caso Limusa'; una operación que coordina el Juzgado de Instrucción número 4 de Lorca, y en la que se investigan delitos contra la hacienda pública y malversación.

Los agentes procedieron a la detención del ex regidor lorquino sobre las 8.00 horas en su domicilio particular. Navarro fue alcalde de Lorca durante 13 años, desde 1993 hasta julio de 2006, cuando anunció su dimisión. Además, ostentó el cargo de presidente de la Asamblea regional desde 1987 a noviembre de 1993, cuando fue sustituido por José Plana para ocuparse de la Alcaldía de Lorca.

Asimismo, fue detenido el ex edil del equipo de gobierno que el propio Navarro tuvo en su momento Jesús Molina Martínez, quien está relacionado con el 'caso Limusa' desde el principio. Según las fuentes, «probablemente es uno de los que autorizaron efectos de los que se utilizaron de forma ilegítima».

Ambos fueron llevados a la comisaría de Lorca, donde se van a instruir las diligencias. Posteriormente, pasarán a disposición judicial.

Por su parte, el alcalde de Arrecife, Enrique Pérez Parrilla, del PSOE, destituyó ayer como miembros del grupo de gobierno a los siete concejales del PIL con los que venía gobernando desde comienzos de la legislatura, a causa de las detenciones por la trama de corrupción municipal en el Consistorio lanzaroteño. Pérez Parrilla cumple así con el mandato de su partido, que acordó dar por roto el pacto de gobierno con el PIL horas después de de que fueran detenidos en el marco de la 'operación Unión' el primer teniente de alcalde, Ubaldo Becerra, y el concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez, ambos del PIL.

Al cesar a los concejales, el PSOE asume el gobierno del consistorio en minoría, pese a que Pérez Parrilla ha confiado en que «brevemente» se pueda conformar una mayoría «para darle estabilidad» a la Administración pública.

Por su parte, el ex alcalde de Collbató (Barcelona) Francisco Javier Raventós aceptó ayer una pena de cinco años de cárcel y ocho de inhabilitación por malversar 76.426 euros durante su etapa al frente del Ayuntamiento, entre 2001 y 2003, cuando abusó de su cargo para obtener dinero del erario público.

En el juicio celebrado ayer en la Audiencia de Barcelona, el ex alcalde llegó a un acuerdo con la Fiscalía, que ha rebajado su petición de diez años de cárcel y 14 de inhabilitación.