El futuro de la contratación en origen está siendo uno de los principales temas de debate en el seno del Gobierno en los últimos días. Así, tras el anuncio del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho de que se produciría una reducción de este tipo de contratación, se produjo la corrección por parte de la vicepresidencia del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, a lo que siguió la consiguiente rectificación desde el gabinete de Corbacho.
Ayer el ministro de Industria apoyó a su colega del ministerio laboral asegurando que el objetivo de la política laboral española debe ser dirigir los contratos a «los recursos disponibles de trabajo en España».
La intención del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho de limitar los contratos de extranjeros en origen para que se «aproximen a cero» en 2009 ha dividido a los socialistas. Tras el Consejo de Ministros, De la Vega restó importancia a las palabras del titular de Trabajo e Inmigración y aseguró que sus declaraciones no suponen un cambio en la política de inmigración.
Ante esta situación en las filas socialistas, el principal partido de la oposición se ha apresurado a ofrecer un apoyo «firme, seguro, claro sin fisuras, y con trascendencia parlamentaria» al ministro de Trabajo.
«Irreconciliables»
El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, explicó que en el Ejecutivo central existen «dos posturas irreconciliables en materia de empleo, de lucha contra el desempleo y de lucha a favor de las víctimas del paro».
En su opinión por un lado, Corbacho «está dispuesto, aun sin consensuar, de una manera un poco balbuceante, a poner sentido común en la política de inmigración del Gobierno», mientras que, por otro lado, Fernández de la Vega «lo mismo que manda callar a la presidenta del Tribunal Constitucional, manda callar al ministro de Trabajo».
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