El Congreso de los Diputados aprobó ayer el texto definitivo del proyecto de la Ley de Suelo cerrando así un periplo de más de un año y medio marcado por la oposición frontal del PP y las duras negociaciones con los grupos nacionalistas, que denunciaron en varios momentos del trámite parlamentario una invasión de competencias. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que ha puesto su confianza en que esta nueva norma, que entrará en vigor el 1 de julio, ayude a frenar la corrupción urbanística y a acabar con una etapa en la que el precio de la vivienda ha crecido de manera desorbitada.
Durante su intervención en el pleno del Congreso, el presidente del Gobierno aseguró que del éxito de la Ley del Suelo depende «el cumplimiento del mandato constitucional de ofrecer una vivienda digna a los ciudadanos». Zapatero confía en que esta Ley permita revertir una etapa de decrecimiento de la vivienda protegida, concluir con la anomalía de la gran cantidad de viviendas desocupadas, preservar el patrimonio paisajístico y medioambiental, y plantar cara a la corrupción y a la especulación.
La nueva norma, que viene a sustituir a la vigente de 1998 introduce novedades que han suscitado la inquietud de los promotores. Entre ellas, destaca el nuevo sistema de valoración de los suelos y la obligación de establecer una reserva de suelo del 30% de los proyectos urbanísticos que se destinará a la construcción de VPO. Además, establece un porcentaje de cesión de suelo a los ayuntamientos de entre el 5% y el 15%.
En cuanto a la lucha contra la especulación, establece la revisión de las actuaciones urbanizadoras cuando conlleven, por si mismas o en unión a la aprobadas en los últimos años, un incremento mayor del 20% de la población o de la superficie urbanizada del municipio o ámbito territorial. También prevé la obligación de que las permutas de los terrenos y los convenios urbanísticos pasen por los plenos municipales.
El presidente del Ejecutivo destacó el importante papel que tendrán los ayuntamientos en la aplicación de esta norma que entrará en vigor el 1 de julio, cuando esté concluyendo el proceso de constitución de las corporaciones municipales.
Zapatero hizo hincapié en la defensa de los espacios naturales que realiza la nueva ley «poniendo fin al principio del todo urbanizable, que acaba siendo la mayor tentación para la especulación y para las irregularidades urbanísticas». A su juicio, la especulación también será desincentivada con el nuevo régimen de valoraciones del suelo, porque «ya no se valorarán expectativas, sino la situación real del suelo». Zapatero defendió así una ley «a la medida de los ciudadanos» que «integra el legítimo interés particular en el necesario interés general».
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