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La secretaria de Estado de Servicios Sociales, Amparo Valcarce, anunció ayer que el Gobierno se reunirá la próxima semana con las comunidades autónomas para «acelerar» la puesta en marcha de la Ley de Dependencia y establecer qué prestaciones y servicios entrarán en funcionamiento a partir del 1 de enero, fecha de entrada en vigor de la ley. «Es un profundo cambio social en España», declaró la secretaria de Estado.

Valcarce, en el transcurso de una visita a la residencia de ancianos Domus Mirasierra, de Madrid, adelantó que el Ejecutivo central destinará 400 millones de euros en 2007 para que las comunidades autónomas, encargadas de gestionar el Sistema Nacional de Dependencia, atiendan a todas las personas que entren en la categoría de «grandes dependientes», primeros beneficiarios de la nueva Ley.

Según los datos facilitados por el Gobierno, más de 1.125.000 personas dependientes residen en España, y está previsto que esta cifra aumente en los próximos años.

Tras el primer año de aplicación, en el que se atenderán los casos más graves, el Sistema Nacional de Dependencia se irá haciendo cargo progresivamente hasta 2015 de los dependientes moderados. El presupuesto total hasta esa fecha será de 13.000 millones de euros.

Durante la visita a la residencia, varios internos solicitaron a la secretaria de Estado de Servicios Sociales que les explicará a qué prestaciones y servicios tendrán derecho con la nueva ley. Valcarce improvisó una breve reunión informativa en la que respondió a las dudas de los ancianos.

En ese sentido, Valcarce explicó que desde comienzos del año próximo se activará un servicio de información telefónica de ámbito nacional para dar a conocer a los posibles beneficiarios qué derechos y prestaciones les concede la nueva ley y a dónde tendrán que dirigirse «para la acreditación de la dependencia». El primer paso será someterse a «una evaluación en los servicios sociales de su comunidad autónoma», añadió.