Permach y Otegi comparecen juntos con frecuencia en las conferencias de prensa de Batasuna.

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El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska acordó ayer ampliar la imputación del dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi y de otros siete miembros de la formación ilegalizada, a los que tomará declaración la próxima semana, por un delito de amenazas terroristas relacionadas con las manifestaciones efectuadas durante la presentación en Pamplona de la denominada «comisión negociadora» dirigida al proceso de paz y por las declaraciones realizadas el jueves por el coportavoz de Batasuna, Joseba Permach.

En su auto de ayer, el juez recuerda que los miembros de Batasuna han sido citados por haber vulnerado la suspensión de actividades que pesa sobre la organización al designar su nueva Mesa Nacional, que fue presentada el pasado 24 de marzo en el hotel Tres Reyes de Pamplona. Con posterioridad a dicho evento se han producido «nuevos hechos que 'ab initio', revisten los caracteres de delito y que aconsejan ampliar el contenido de esas declaraciones», según el juez.

El magistrado considera que los dos hechos citados, en relación con la entrevista concedida por miembros de ETA al diario 'Gara' el pasado 14 de mayo, podrían ser constitutivos de amenazas «al hacer depender explícitamente, más que implícitamente, el cese de la violencia del frente militar de la organización terrorista de unos determinados factores, tratando de generar un temor racional en la sociedad, caso de sustraerse a la voluntad de quien materializa tales expresiones».

Grande-Marlaska se refiere a la constitución, el pasado miércoles de «una comisión de miembros que debería integrar lo que ellos entienden una Mesa de Partidos, tras la declaración de 'alto el fuego permanente' de la organización terrorista ETA» y de las manifestaciones desarrolladas en su presentación.

Dice el juez que también deben tenerse en cuenta las declaraciones de Permach anteayer, donde hace referencia «a la necesidad de proceder en tal sentido, con el fin de garantizar dicha situación y sin concurrencia de interferencia alguna», como lo sería la adopción de medidas cautelares contra él y el resto de citados. Permach vinculó los hipotéticos encarcelamientos a un «bloqueo» del proceso de paz abierto tras el alto el fuego de ETA.