El Gobierno puso ayer en marcha el procedimiento que llevará con
toda probabilidad a que el Consejo de Ministros del próximo viernes
disuelva el Ayuntamiento de Marbella por su gestión «gravemente
dañosa para los intereses generales», en una decisión sin
precedentes en la reciente historia de España.
Tras la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta
primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó la
voluntad del Gobierno es actuar «con toda rotundidad», una vez
confirmados los indicios delictivos.
La decisión del Ejecutivo se fundamenta en la Ley Reguladora de
Bases del Régimen Local y la Ley Electoral General, cuyos artículos
61 y 183, respectivamente, fijan los aspectos formales necesarios
para iniciar el procedimiento de disolución de una Corporación.
En función de los mismos el Gobierno ya ha pedido formalmente
informes a la Comisión Nacional de Administración Local y al Senado
sobre la disolución del Consistorio para que el viernes próximo el
Consejo de Ministros pueda aprobar un real decreto de
disolución.
El Senado emitirá su informe hoy mismo (por la tarde lo
ratificará el Pleno), mientras que la CNAL lo hará mañana por la
mañana.
La vicepresidenta Fernández de la Vega subrayó ayer, tras la
reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, que no es posible
convocar elecciones anticipadas en Marbella, ya que la ley fija que
no pueden celebrarse si el mandato del nuevo Consistorio va a ser
inferior a un año.
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