El segundo aniversario del 11-M ha devuelto a la actualidad el
revuelo político sobre aquella trágica jornada. El presidente del
PP, Mariano Rajoy, aseguró ayer que si algunas de las informaciones
que se han publicado estos días poniendo en duda algunas pruebas
son ciertas, se podría anular el sumario que sigue en la Audiencia
Nacional Juan del Olmo.
El presidente del Gobierno pidió al PP «plena confianza» en el
proceso judicial, en la actuación de los jueces, de los fiscales y
de las Fuerzas de Seguridad: «Dejemos que trabajen los jueces y la
Justicia, porque este país tiene instituciones fuertes y sólidas y
no tengo ninguna duda de que la investigación judicial concluirá
con la verdad de los hechos y la delimitación de las
responsabilidades».
La mecha de la trifulca política la prendió la información
publicada ayer por «El Mundo». Según la misma, la mochila que se
encontró en la comisaría de Puente de Vallecas no la recogió la
policía del tren que hizo explosión en El Pozo. El inspector jefe
de Policía Miguel Àngel Àlvarez remitió una carta en octubre de
2004 a la Dirección General del cuerpo. Del Olmo habría interrogado
a Àlvarez el jueves, y ante él negó que la bolsa que sirve como
prueba fuera la que figuraba entre las pruebas recogidas del
tren.
Rajoy utilizó esta información para poner en duda el proceso
judicial. «Toda la investigación y todo el sumario parten de la
existencia de la mochila. Ahora se nos dice que no estaba ni en el
tren ni en la estación, y se lo dice al juez Del Olmo un policía
que estaba al frente de las operaciones», dijo un Rajoy que llegó
advertir que «si se confirma esto, podría anular la investigación y
el sumario». «Lo que pido es que se nos diga si es verdad o
mentira», añadió.
La respuesta del PSOE fue incluso más dura. «Nos preguntamos si
el señor Rajoy se ha vuelto loco al pedir la nulidad del sumario
del 11-M y si quiere que salgan a la calle los supuestos
terroristas detenidos y enjuiciados. La pregunta es: ¿acaso no
quiere que haya un juicio sobre el 11-M y una condena de los
presuntos terroristas?», dijo el secretario general del grupo
socialista en el Congreso, Diego López Garrido.
Pero la respuesta más contundente fue la de la Dirección General
de la Policía. «Es inaceptable que dirigentes políticos siembren de
sospechas y de dudas la honradez y profesionalidad de los agentes
de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado», afirma. Además,
todos los miembros de la minoría progesista del CGPJ, a excepción
de Martínez Lázaro, pedirán a la comisión permanente del órgano de
control de los jueces que aprueba un documento que «signifique la
improcedencia» de las palabras del líder 'popular', que «entrañan
una extraordinaria gravedad en cuanto que constituyen una
intolerable injerencia en la labor judicial».
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