EfeMadrid09/03/06 0:00
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El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, dijo ayer que cualquier servidor público tiene «como primera y más sagrada obligación responder ante los ciudadanos» y que esa responsabilidad es especialmente exigible en el Parlamento, «ante quienes ostentan la representación directa del pueblo». Conde-Pumpido hizo esta consideración ante la comisión de Justicia del Congreso, cuyo presidente le recibió agradeciendo «el respeto institucional con esta Cámara que demuestra al haber comparecido», en contraposición con la decisión del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, de no hacerlo el martes.

Conde-Pumpido atribuyó a «un juego de intereses políticos y partidistas» la polémica suscitada en torno a la excarcelación de etarras a raíz del «caso Parot» y aseguró que la Fiscalía aplica la misma política al respecto que se venía haciendo. Durante su intervención Conde-Pumpido aseguró que, si se ha producido algún cambio, como sostiene el PP, no ha sido para permitir esas excarcelaciones sino «para incrementar el rigor».

Esa ausencia de Hernando, estuvo presente en las palabras del fiscal, quien señaló que «no es concebible ningún poder ni función pública sin legitimación social, y en democracia toda la legitimidad, sin excepción, emana de la voluntad ciudadana aquí representada».

En ese sentido, quiso enviar un «mensaje nítido» de tranquilidad, de seguridad y de confianza en las instituciones democráticas y en sus instrumentos frente a la actividad criminal y frente a «cualquier clase de alarmismo o tremendismo injustificado», así como sobre la profesionalidad de los fiscales. Tras asegurar que la Fiscalía no podía abordar esta cuestión, ya que no figuraba en el recurso, consideró que esa nueva doctrina, puede causar «algunas dificultades», aunque dijo haber dado instrucciones para que se adopte en todas las actuaciones de los fiscales.