La Fiscalía General del Estado se ha propuesto acabar con todos los
privilegios que puedan tener los presos de ETA. El fiscal general,
Cándido Conde-Pumpido, ha asegurado que se están estudiando, en
colaboración con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco, todas las redenciones para saber si hay que anular
algunas. También se estudian los expedientes académicos de los
terroristas en busca de delitos en las calificaciones,
matriculaciones sin cumplir los requisitos, utilización de
documentación falsa para la matriculación o exámenes mientras los
etarras estaban huidos.
«Hay que aplicar la legislación vigente, que establece unas
posibilidades de redención, que estaban ya vigentes en el Código
Penal anterior y que reducen las condenas», y ya hay «varios
expedientes» abiertos. Uno de los principales focos de
investigación son las redenciones por estudios universitarios. Los
privilegios de los presos etarras en la UPV han sido objeto de
polémica durante muchos años.
Conde-Pumpido aseguró ayer que la Fiscalía está haciendo «un
examen muy riguroso de todas las redenciones» que se han concedido
a presos etarras. Si hubiese irregularidades, estas redenciones
serían anuladas para evitar casos de alarma social como el del
etarra Juan Ignacio de Juana Chaos, quien estuvo a punto de salir
de prisión este mes de agosto pese a arrastrar condenas de más de
3.000 años de cárcel.
Conde-Pumpido aseguró que la Fiscalía de la Audiencia Nacional y
la del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco analizan caso
por caso para ver «si se anulan determinadas redenciones y con eso
se prolonga el cumplimiento de la condena» y para comprobar «si se
cometió algún delito al conocer determinados resultados académicas
injustificadamente».
De momento, la Fiscalía dispone de un listado de 47 presos de
ETA, algunos de los cuales habrían redimido condena mediante la
realización de estudios en la Universidad de País Vasco. Entre
estos, figuran nombres históricos de la banda, como 'Txelis',
'Macario', 'Fiti' o 'Pakito'.
El último caso que ha levantado la polémica sobre la situación
de los privilegios de los etarras fue el de Zorión Zamacola, quien
terminó su carrera estando huido de la Justicia. Incluso logró una
matrícula de honor en una asignatura en la que su presencia en
alguna de las clases era obligatoria.
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