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La alarma social generada por el anuncio de que el sanguinario etarra José Ignacio de Juana Chaos saldrá de prisión en unos pocos días ya ha encontrado una primera reacción en la Justicia. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, le tomará declaración mañana por dos artículos que el terrorista publicó en el diario 'Gara' plagados de amenazas y que podrían constituir nuevos delitos que le impedirían dejar la prisión.

Según fuentes de la Audiencia Nacional, el histórico miembro del 'comando Madrid' tendrá que dar explicaciones sobre este artículo y también sobre un segundo texto que publicado en el mismo periódico, con el título de 'Gallizo', tras conocer la petición del fiscal.

El pasado 1 de diciembre, el fiscal Ignacio Gordillo solicitó al magistrado que llamase a declarar como imputado a De Juana Chaos por el contenido de un artículo publicado ese mismo día en 'Gara', en el que lanza amenazas contra quienes ocupan «Euskal Herria». «Sacad vuestras sucias manos porque otros camino sólo implica más sufrimiento. O el futuro terminará demostrando, sin duda, que os quedasteis sin ellas», llegó a escribir.

En caso de que admita la autoría de los dos textos, el juez podría imputarle los delitos de pertenencia a banda armada, exaltación del terrorismo y amenazas terroristas. Al ser nuevos delitos, el fiscal pedirá previsiblemente su ingreso en prisión, lo que impediría su salida de la cárcel, que está prevista para el mes de febrero gracias a los beneficios penitenciarios de los que se ha beneficiado durante sus 18 años de estancia en prisión.

A esta iniciativa hay que sumar la querella que la Asociación de Víctimas del Terrorismo presentará, también el lunes, por estos dos artículos.

Autor de 25 asesinatos, este sanguinario terrorista apenas ha cumplido una pequeña parte de los 2.995 años de prisión a los que ha sido sentenciado.

El secretario de Comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, confió en que las acciones del Gobierno eviten una «mancha» para la democracia española y una «afrenta incalificable» para las víctimas del terrorismo que supondría su excarcelación.