El Consejo de Ministros, aprobó hoy el Reglamento que desarrolla la
Ley de Extranjería y que entre otras cuestiones incluye una
regularización extraordinaria que afectará a unas 800.000 personas.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, hizo
hincapié en el consenso conseguido con el texto y manifestó su
confianza en conseguir el consenso con el PP el año que viene.
Según explicó Caldera, «el nuevo Reglamento supone la primera
oportunidad del Ejecutivo para materializar normativamente un
cambio de orientación en la política migratoria, teniendo el
convencimiento de que es un asunto de Estado que precisa de la
unión de todas las fuerzas políticas». El objetivo es «priorizar la
inmigración legal y por perseguir más eficazmente la inmigración
irregular a través de la lucha contra la economía sumergida».
El Gobierno subrayó que es la norma de extranjería con mayor
grado de consenso, ya que ha sido redactada contando con los más de
4.000 folios de aportaciones de comunidades autónomas,
ayuntamientos, colegios profesionales y organizaciones no
gubernamentales.
El proceso estará vigente durante los tres meses siguientes a la
aprobación del Reglamento, período en el que los trabajadores
extranjeros que hayan llegado a España seis meses antes de la
entrada en vigor del mismo y que cuenten con un contrato de trabajo
real podrán regularizar su situación.
El empleador o empresario será el que presente la documentación
necesaria ante las instancias administrativas, en donde deberá
presentar el certificado de penales en España y el país de origen,
el empadronamiento del inmigrante como mínimo seis meses antes y un
contrato de trabajo, con carácter general, de seis meses.
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