OTR PressMadrid20/11/04 0:00
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El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró ayer que que se «normalizará» la situación de menos de 800.000 «sin papeles», que el fraude es «imposible» y que los datos del Ministerio del Interior prueban que no se está produciendo un «efecto llamada». El ministro se expresó así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que analizó ayer el texto del proyecto de Reglamento de la Ley de Extranjería, que el Gobierno espera esté aprobado en breve, tras dar el visto bueno el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Económico y Social (CES) y el Consejo de Estado, organismos a los que el Ejecutivo ha enviado ya el texto.

Los extranjeros deberán contar con un contrato de trabajo de seis meses con carácter general. En la agricultura, el contrato podrá ser de tres meses y en hostelería y construcción de seis meses de forma discontinua en un periodo de un año. Los empleados de hogar deberán presentar contratos de al menos 30 horas semanales en un periodo de seis meses con varios empleadores, si es preciso. En ningún caso podrán tener antecedentes penales en España o su país de origen, pero sí se les revocará aquellas órdenes de expulsión dictadas por estar en España de forma irregular o trabajar de manera clandestina.

El Consejo de Ministros acordó remitir el texto al CPGJ, al CES y al Consejo de Estado, para su consulta previa a la aprobación definitiva del Real Decreto. El proyecto de Reglamento recoge, en su Disposición Adicional Tercera, un nuevo proceso de regularización extraordinaria de extranjeros, que el Ejecutivo define como «normalización», al que podrán acceder inmigrantes en situación irregular empadronados seis meses antes de la entrada en vigor del texto. El proceso, que se prevé abrir en febrero, contempla tres meses para la presentación de solicitudes y se prevé que su tramitación esté completamente finalizada en agosto.

El ministro Caldera explicó que el Gobierno está estudiando si al margen del padrón hay otro medio de prueba «riguroso y fehaciente» con el que los inmigrantes podrían demostrar que llevan seis meses en España, uno de los requisitos para regularizar su situación.