El diario indica que el embajador británico en España, Stephen
Wright, se sumó a esta «protesta sin precedentes» en la que se
denuncian leyes que al parecer fuerzan a los propietarios de la
zona de la Costa Blanca a vender tierras por un valor muy inferior
a su precio de mercado.
En el peor de los casos, los ciudadanos extranjeros y también
los españoles con una segunda propiedad en la zona se han visto
obligadas a vender sus propiedades por menos de un décima parte de
su precio de mercado o incluso a pagar trabajos de infraestructura
de hasta 200.000 libras (287.648 euros).
El diario asegura que las súplicas del Gobierno valenciano no
fueron suficientes para que el embajador británico desistiera y
asegurara: «La ley continúa vigente, con el resultado de que un
gran número de residentes de la región de Valencia se encuentra
bajo la amenaza de la expropiación de sus casas o de exorbitantes
peticiones financieras de los urbanistas».
En concreto, la zona en la que se registraron más quejas fue en
la franja de la Costa Blanca que comprende ciudades como Benidorm y
Alicante. La ley contra la que protestan es la Ley Reguladora de la
Actividad Urbanista, en la que se intenta evitar que los
propietarios dificulten el desarrollo urbano y que está siendo
aprovechada por constructoras y corruptelas de políticos
locales.
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