El Ministerio del Interior revisará «caso por caso» la prestación
de escoltas a los amenazados por ETA, con el fin de racionalizar y
optimizar dicho servicio de seguridad, del que actualmente se
benefician unas 5.000 personas en toda España, cerca de 1.200 en el
País Vasco. Este anuncio, no obstante, no contempla una reducción
importante del número de agentes que desempeñan estas labores de
protección. Para el PP anunciar «a los cuatro vientos» esta medida
es «una temeridad» porque puede dar pistas a los terroristas.
Interior tiene ya concluido el informe encargado por el
secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, el pasado mes
de junio, con el fin de racionalizar la prestación de escolta a las
personas amenazadas. La intención es realizar una «racionalización»
de los recursos que se destinan a labores de escolta y protección
en la actualidad. Para ello se ha elaborado un «mapa de riesgo» y
se pretende ajustarlo a las necesidades de cada amenazado con el
fin de que no falten escoltas, pero también para que los turnos
sean más racionales.
Para ello se revisará «caso por caso». Aunque Interior no
contempla una reducción importante de efectivos, sí se ajustarán
las necesidades al presupuesto para el conjunto del año, que es de
67,3 millones de euros.
Para Zaplana, del PP, si realmente es necesario racionalizar el
servicio de escoltas, el Ejecutivo no debería proclamarlo «a los
cuatro vientos», porque hacer público que habrá cambios constituye,
a su juicio, «una temeridad. Me preocupa mucho que estén
permanentemente lanzando globos sonda; da la sensación que no saben
qué decir sobre ningún tema. Están en la indefinición permanente»,
criticó Zaplana, señalando que esta intención del Gobierno dará
pistas a los terroristas.
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