El Banco de España augura una «pronta desaceleración» de los
precios de la vivienda que pondrá fin a la etapa de sobreva
loración de los últimos años y que se mantuvo en 2003 con un
incremento de los precios del 17%, según datos del Ministerio de
Fomento. La autoridad monetaria dibuja en su 'Informe Anual 2003'
un «escenario de absorción ordenada del desajuste» existente entre
una oferta de viviendas que no ha sido capaz de satisfacer
completamente la fuerte presión que ha ejercido la demanda.
El gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, cree que la
economía española pue crecer en torno al 3% en 2004 y 2005, pero no
garantiza que esta situación se mantenga a más largo plazo, si el
patrón de crecimiento no cambia de forma gradual, pues un modelo
basado en la construcción y el consumo pone en riesgo la
competitividad de España y la estabilidad financiera de familias y
empresas no financieras. Caruana dijo que sólo un afianzamiento de
la inversión productiva puede ir cambiando el modelo.
La entidad recuerda que la vivienda en propiedad representa más
de las tres cuartas partes de la riqueza total neta de las familias
españolas, «una proporción que se ha visto sostenida en el pasado
reciente como resultado tanto del dinamismo de las adquisiciones
como del proceso de intensa revalorización que se ha venido
experimentando desde 1997». Aunque dice que es «muy difícil»
pronosticar el comportamiento futuro, el Banco de España cree que
se producirá una absorción del desajuste connuna pronta
desaceleración de los precios, «como ocurrió en episodios
anteriores, de manera que se eviten reacciones que pudieran incidir
en la capacidad de gasto del sector».
Por eso, sitúa a la vivienda como una de las prioridades que
debe fijarse el Gobierno para asegurar el buen funcionamiento de la
economía. Tras señalar que el fuerte crecimiento del precio de la
vivienda den los últimos años refleja las restricciones sobre la
oferta del suelo que aumentan las presiones sobre sus precios,
afirma que la eliminación de estas presiones requiere una
planificación urbanística más flexible y la aceleración de los
procedimientos para disponer de terreno edificable. Además insta al
Gobierno a mejorar el funcionamiento de los alquileres.
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