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El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de la Ley Integral contra la Violencia sobre las mujeres, norma que, con una memoria económica anual de entre 50 y 80 millones de euros, endurece las penas para los agresores, crea juzgados especiales y constituye un fondo para financiar una red de servicios sociales destinada a las víctimas.

Según Caldera, las amenazas y las coacciones leves tendrán una pena de prisión de entre seis meses y un año y el juez podrá inhabilitar al progenitor para el ejercicio de la patria potestad o la tutela de los hijos hasta cinco años. La administración penitenciaria facilitará a los condenados programas específicos de rehabilitación. Se crearán juzgados de violencia sobre la mujer en todos los partidos judiciales -algunos serán nuevos- y se formará a los jueces, magistrados y fiscales en la lucha contra la violencia doméstica. Estos juzgados serán competentes también en procesos civiles -como separaciones o divorcioscuando aborde causas penales por violencia sobre la mujer.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, el titular de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, explicó que se ha cambiado el nombre de la ley -antes era contra la violencia de género- tras escuchar a las organizaciones feministas y a la Real Academia de la Lengua con el objetivo de hacerlo más comprensible. El anteproyecto, que se prevé remitir al Parlamento a finales de junio tras recibir los informes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Económico y Social y el Consejo Escolar, recoge el derecho a la asistencia integral de la víctima y le otorga más derechos laborales.

Además, destacó el ministro, se creará la figura del fiscal contra la violencia contra la mujer y habrá secciones especiales en las fiscalías. Según el anteproyecto, en el Cuerpo Nacional de Policía y en la Guardia Civil se crearán unidades especializadas en la prevención de estos delitos y en el control del cumplimiento de las medidas judiciales adoptadas y se favorecerá la colaboración de la Policía Local.